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NUESTROS SUEÑOS, NO CABEN EN SUS URNAS
Bolivia: dos visiones opuestas del cambio social
En los movimientos sociales bolivianos conviven, a grandes rasgos, dos miradas diferentes sobre los caminos para conseguir cambios profundos en la sociedad: quienes apuestan a que el Estado juege un papel central y los que creen que ese papel lo debe cumplir la sociedad civil organizada.
Raúl Zibechi
La Fogata
Luego de semanas en las que la realización de elecciones estuvo en duda por un litigio en torno a las bancas parlamentarias que correspondían a cada departamento, los bolivianos irán a las urnas el 18 de diciembre gracias a un decreto del presidente Eduardo Rodríguez, del 1 de noviembre, que zanja el pleito. Se trata de las primeras elecciones luego de la revuelta popular de setiembre-octubre de 2003 que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en el centro de la escena política el tema de la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente. Por primera vez en la historia de este país andino, donde más del 60% de la población se define como indígena, un indio puede ocupar al cargo de presidente.
En las pasadas elecciones presidenciales, en 2002, el embajador de los Estados Unidos, Manuel Rocha, intervino directamente en la campaña electoral al decir que "su gobierno vería con malos ojos la elección de Evo Morales" del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien se acusó de "narco cocalero" y de "instrumento" de Hugo Chávez y Fidel Castro. En esta ocasión, la embajada de ese país optó por el silencio aunque no cabe duda que prefiere el triunfo de Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente de Hugo Bánzer (dictador primero, presidente constitucional luego), o de Samuel Doria Medina, uno de los empresarios más ricos del país, ambos representantes de la derecha neoliberal aunque el segundo se presenta como centrista.
Un escenario muy complejo
El presidente que surja de las urnas tendrá que enfrentar un panorama marcado por la potencia de los movimientos sociales, que desde el año 2000 vienen poniendo en jaque a los sucesivos presidentes, al punto que dos de ellos (Sánchez de Lozada y su sucesor Carlos Mesa) no pudieron terminar sus mandatos. El Estado boliviano se asienta en una estrecha franja social y no representa a la inmensa mayoría de la población. De hecho, es un Estado colonial: mientras más del 60% de la población es india y habla sobre todo aymara y quechua, sólo los blancos y mestizos castellanizados ocupan la justicia, los ministerios, la cúpula de las fuerzas armadas, los principales cargos de la administración pública y hasta hace pocos años la casi totalidad de las bancas parlamentarias. Recién con las elecciones de 2002 ingresaron al parlamento una cantidad significativa de representantes indios: 35 diputados y senadores del MAS y seis del MIP (Movimiento Indígena Pachakutik).
Se trata de un Estado racista, tanto por su integración como por sus actitudes hacia la mayoría de la población. Es muy difícil que un indio (pobre, que no habla bien el castellano y viste a la manera tradicional) pueda ganar un juicio en los tribunales ante un blanco que domina los códigos hegemónicos en la administración y tiene recursos e influencias. De alguna manera, las sucesivas revueltas desde la "guerra del agua" del año 2000 en Cochabamba, representan la emergencia de los excluidos que pugnan por ampliar sus marcos de expresión, por consolidar sus propios espacios y hacer valer sus derechos. Para hacerse escuchar, han tenido que insurreccionarse, al precio de más de cien muertos y miles de heridos.
La potencia de los movimientos bolivianos, hoy en día los más fuertes del continente, ha forzado a las elites a dar marcha atrás y, según todos los indicios, estarían ahora dispuestas a tolerar un gobierno presidido por un indio. En efecto, las últimas encuestas revelan que Morales marcha al frente de las intenciones de voto con dos a cinco putnos de distancia sobre Quiroga. Todo indica que si el que cosecha más votos es Morales pero el parlamento no lo consagra presidente, el país se volvería ingobernable por la presión social ya que las mayorías se sentirían estafadas 1.
Aún en ese caso, si un eventual gobierno del MAS no consigue dar pasos rápidos que se concreten en la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la insatisfacción de la población le impediría mantener un mínimo de estabilidad para gobernar. Este paso choca con varias dificultades que ilustran la complejidad del escenario boliviano. La primera de ellas es el autonomismo de Santa Cruz, el departamento más rico del país, donde reside un sector de terratenientes vinculados al agrobusiness que sienten a la población india como una amenaza a sus intereses. Este sector pretende separarse del resto del país, y existen denuncias de que mantiene grupos armados dispuestos a enfrentarse al movimiento social.
Por otro lado, Brasil tiene enormes intereses en Bolivia: Petrobras controla el 25% de las reservas de gas concentradas en el departamento de Tarija, detenta el gasoducto de exportación a Brasil y las dos refinerías de petróleo que hay en el país, y controla cerca del 40% del negocio agropecuario de Santa Cruz, buena parte del mismo en manos de hacendados brasileños. Alvaro García Linera, sociólogo y candidato a la vicepresidencia por el MAS, sostiene que "Brasil tiene muchos intereses en Bolivia, es un Estado poderoso y seguramente va a buscar proteger sus intereses. Estados Unidos no tiene intereses directamente en el petróleo porque no hay empresas de ese país en esa área" 2.
El comportamiento de Brasil hacia la región deja muchas dudas ya que durante las sucesivas crisis bolivianas el asesor de Luiz Inacio Lula da Silva, Marco Aurelio García, visitó el país en dos oportunidades para asegurarse que pese a la situación de caos que imperaba el flujo de gas de Bolivia a Brasil no sería interrumpido. Ese flujo es vital para una industria como la de San Pablo, el corazón productivo del país, que depende en un 30% del gas boliviano. El mismo Lula estuvo en Bolivia poco antes del referéndum sobre los hidrocarburos de 2004, defendiendo los intereses de la empresa estatal Petrobras. En opinión de García Linera, a Brasil le interesa especialmente la estabilidad política de su vecino. "Esperamos que cuando se hable de hidrocarburos haya una actitud de no intervención, de no presión y de aceptación de la soberanía de Bolivia", aunque en cierto momento expresó que "le tememos más a Brasil que a Estados Unidos".
En todo caso el MAS se muestra cada vez más prudente sobre el tema: "¿Qué hacer con Petrobras, es decir con el gobierno brasileño? Debemos ser prudentes" 3. El objetivo , al parecer, no es la nacionalización sino caminar hacia "una modificación de las relaciones donde la inversión extranjera aparezca como socia minoritaria con el Estado", concluye 4. Los dirigentes del MAS son conscientes del estrecho margen de maniobra en que se mueven: si deciden que el Estado boliviano recupere los hidrocarburos, se enfrentarán a las multinaciones y a las grandes potencias mundiales y regionales. Pero si no lo hacen, la población pude volver a las calles desestabilizando incluso a un gobierno presidido por un indio.
El Estado como sujeto de los cambios
El compañero de fórmula de Evo Morales fue miembro del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en la década de 1990 y estuvo cinco años en prisión. Consecuente con su pasado, mantiene una visión de los cambios sociales en la cual el Estado es el principal protagonista, aunque hoy apuesta a que esos cambios se produzcan por la vía legal y pacífica: "Después de los acontecimientos de junio -reflexiona Alvaro García Linera-, cuando una movilizacion social obligó a la renuncia de Mesa, el país entró en un período de tregua y un proceso de electoralización de esta lucha por el poder, porque Bolivia vive desde hace cuatro años una lucha por el poder. Hay una polarización de las candidaturas que se expresa en una polarizacion de proyectos. El de Evo Morales es una propuesta de reforma, nacionalización de los hidrocarburos, redistribuir riquezas, tierras, darle al Estado un nuevo papel en la economía debilitando la inversión extranjera" 5.
Considera que no se puede comparar la experiencia del MAS con la de otros partidos del continente, porque Morales es un líder indígena en una sociedad donde éstos siempre han sido excluidos, y su candidatura apunta a algo muy radical como es la descolonización del Estado. La segunda diferencia es que el MAS no es un partido sino "una coalición flexible de movimientos sociales que ha ampliado su acción al ámbito electoral. No hay estructura, es un caudillo y movimientos y al medio no hay nada, eso hace depender al MAS de la movilización o del temperamento de los movimientos sociales". La tercera diferencia es que la candidatura de Morales aparece en un momento de derrota moral de las posiciones neoliberales.
En opinión de García Linera, Bolivia vive un cambio social y cultural muy profundo, cuya expresión electoral consiste en que "antes los indios votaban por no indios porque se miraban a ellos mismos como no capacitados, lo que está produciendo un quiebre ideológico de la dominación". Pero al no existir un partido sólido, surgen problemas inéditos. "¿Cómo se gobierna con movimientos sociales? Un gobierno concentra decisiones y los movimientos desconcentran la toma de decisiones. ¿Cómo conciliar Estado con movimientos? El movimiento social apetece poder pero luego se repliega en el corporativismo. El movimiento social no puede gestionar ni ocupar el Estado", asegura. Este debate es central para un partido que ha sido formado básicamente por el movimiento de campesinos productores de hoja de coca del Chapare y recibe el apoyo de algunos de los principales movimientos del país: los mineros cooperativistas, los campesinos "regantes" de Cochabamba que hicieron la guerra del agua de 2000, el Movimiento Sin Tierra y una parte de la central campesina nacional y de las juntas vecinales de El Alto.
Como intelectual, considera que el poder no es una cosa a tomar sino una relación social que se construye en base al equilibrio de fuerzas existente. Como político, sin embargo, defiende la centralidad del Estado en la sociedad, al punto que no habría forma de eludirlo: "La Constitución y la ley son un mapa de las luchas sociales, ya que había algo de nosotros en el Estado benefactor. El Estado es a la vez dominación y resistencia. Toda lucha pasa por el Estado; incluso la lucha contra el Estado pasa por el Estado. El movimiento social se plantea resistencia contra el Estado y derechos en el Estado". En sintonía con esta afirmación, el MAS se propone cambiar el carácter del Estado boliviano, pasando de un Estado colonial a otro democrático.
En realidad, la apuesta al Estado que está haciendo el MAS no sólo se inscribe en las tradiciones de la izquierda latinoamericana sino también en algunas características destacadas de la cultura occidental. "El Estado es lo único racional en Bolivia", asegura García Linera. Pero va más lejos cuando señala que "el porvenir de Bolivia es lo moderno, no la economía familiar. En El Alto 60 soldados mataron a 70 personas en media hora. ¿Es posible vencer en estas condiciones? Hasta que no tengas lo moderno de tu lado no puedes triunfar. Lo premoderno no puede triunfar. Lo tradicional y lo local son frutos de la dominación. El elogio de lo local y lo tradicional es elogio de la dominación. Lo local lo fomenta el Banco Mundial". Afirmaciones polémicas en un país donde la inmensa mayoría de la población pertenece a ese sector que denomina premoderno: economía familiar o informal.
La apuesta a la sociedad civil
Quizá la alternativa más clara a esta propueta esté surgiendo de algunos de los actores que protagonizaron la "guerra del agua" de Cochabamba, que dio origen al ciclo de protesta más importante desde la revolución de 1952. Oscar Olivera, de la Coordinadora del Agua de Cochabamba, es uno de los referentes más importantes entre quienes miran el día después de las elecciones del 18 de diciembre. A pesar de que tanto Olivera como buena parte de sus aliados brindan un apoyo más o menos crítico al MAS, sostiene que "las elecciones son una maniobra de la derecha, las transnacionales y el gobierno norteamericanao para diluir y frenar la lucha popular de estos cinco años por la nacionalización de los hidrocarburos" 6. Pero también considera las elecciones como "un espacio de confrontación entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas populares", por lo que cree necesario "participar en ellas" porque forman parte de "un proceso de acumulación de fuerzas que debe concluir en el próximo gobierno, esté quien esté, con la reapropiación de los recursos naturales y el fin del monopolio de la representación de los partidos".
Sin embargo, comparte el temor de que un gobierno del MAS se limite a gestionar el Estado, buscar una mayor autonomía frente a los organismos financieros internacionales y poco más. "Eso sería fatal porque la gente quiere mucho más", asegura. Para los movimientos, cree Olivera, el escenario puede ser muy complejo, ya que en aras de la gobernabilidad Evo Morales y el MAS pueden pretender "controlar y dirigir movimientos de gestión del agua en El Alto y Cochabamba o las tomas de tierras". Apoya esta afirmación en que Morales sostiene que es el úncio que puede ofrecer gobernabilidad al país por las buenas relaciones que mantiene con los movimientos. Un segundo problema deriva de que "empiezan a ponerle apellidos a la nacionalización". Ahora Morales habla de una "nacionalización responsable", lo que en opinión de Olivera hace pensar a mucha gente que nuevamente va a ser engañada y que un gobierno del MAS se va a limitar a "administrar un aparato estatal que no funciona, en vez de apoyar las demandas por las que desde hace cinco años se viene luchando".
Como forma de seguir potenciando el movimiento social, considerado como la clave del futuro de Bolivia, los sectores agrupados en la Asociación Nacional de Regantes y Comités de Agua potable, convocó para principios de diciembre al primer Congreso del Frente Nacional de Defensa del Agua y Servicios Básicos y de la Vida. Esta articulación de movimientos -cuya expresión más conocida es la Coordinadora del Agua de Cochabamba- agrupa ahora a algunos de los movimientos más dinámicos: la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), la Coordinadora de Juntas Vecinales de barrios periféricos de Oruro, las Cooperativas de Agua y Alcantarillado periurbanas y rurales de Santa Cruz, además de organizaciones vecinales, de regantes y cooperativas, así como comités de agua, de electricidad y de defensa de los servicios básicos de casi todos los departamentos.
Esta articulación reúne algunas de las experiencias de gestión colectivas más interensantes, aunque no han tenido difusión mediática: la de Oruro y la de Santa Cruz, la primera es una tradicional ciudad minera y la segunda es el centro económico más dinámico del país, donde se registra una fuerte emigración rural e indígena. En ambas ciudades el Estado no cubre los servicios mínimos de la población más pobre.
La coordinadora de juntas vecinales periurbanas de Oruro es la fuerza social más importante del Altiplano, según Olivera, "que ha creado formas autónomas de gestión para dotarse de agua y recoger basura y eliminar los deshechos al margen del municipio, conectan la electricidad legítimamente y ejercen autonomía. Esto es algo nuevo, que han realizado sin asesores ni expertos, diría que es una experiencia más profunda que en El Alto, aunque no tan politizada". Las organizaciones de base de Oruro estructuran una nueva forma de relacionamiento social y de relaciones económicas, en barrios periféricos donde el Estado está ausente. Con el nombre de Coordinadora, emulan la experiencia de Cochabamba y a su vez establecen una fuerte relación con las que ahora confluyen en el Frente Nacional.
En la zona de Oriente, existen desde hace décadas en la ciudad de Santa Cruz cooperativas de agua de barrios periurbanos que hicieron sus pozos colectivamente. A diferencia de Cochabamba, donde cada cooperativa tiene decenas o unos pocos cientos de familias, en Santa Cruz oscilan entre las 6 y las 15 mil conexiones, abarcando casi un millón de usuarios. Ahora decidieron luchar no sólo por el agua sino también por los servicios básicos como la energía eléctrica, el gas, la basura y la contaminación de los ríos. En Bolivia, constata Olivera, "existe todo un modelo de gestión del agua descentralizado gestionado por los vecinos. Ese modelo se está expandiendo. Esas viejas cooperativas de hace 20 años en el Oriente, en las zonas perirubanas de Santa Cruz, han generado un cambio muy fuerte en las relaciones sociales en esa ciudad y en la región. A tal punto que una de las bases más importantes del Frente Nacional está en Santa Cruz".
La idea de articular todas estas experiencias de gestión colectiva y comunitaria surgió un año atrás y está centrada en las alternativas al modelo público y privado (ambos tiene en común su carácter centralizador que niega la participación social), que en los hechos ya están funcionando. En casi todos los casos tienen demandas políticas, como la de no pagar algunos impuestos como hacen las cooperativas del Oriente, en tanto otros piden gas domiciliario y en casi todos exigen cambiar las leyes de electricidad y agua potable. "Le estamos diciendo al próximo gobierno que estamos creando un movimiento, un frente politico social no partidario que recoge las necesidades más vitales de la gente, en la perspectiva de una transformación muy profunda en las relaciones de poder , en las relaciones sociales y la forma de gestión del agua, la luz, la basura", concluye Olivera.
Un futuro incierto
El debate sobre las opciones de largo plazo de los movimientos sociales cobra especial importancia ante la posibilidad de que Morales se convierta en presidente. Según todos los pronósticos, será un gobierno maniatado cuya gobernabilidad estará cuestionada ante cada paso que intente dar. El Senado estará en manos de la derecha, en la cámara de Diputados deberá hacer alianzas y es muy problable que no consiga ninguna de las nueve gobernaciones en juego. Ante este panorama, el director del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales) de Santa Cruz, Carlos Romero, reflexiona que "quien controle el poder político desde las regiones, con demandas autonómicas en varias de ellas, puede inviabilizar la gestión del gobierno central, especialmente si gana el MAS, implementando una suerte de cerco regionalista sobre el poder central" 7.
La opción político-electoral del MAS fue darle gran visibilidad a Evo Morales a costa de bajar el perfil de todos los demás candidatos, "descuidando prefectos (gobernadores) y diputados uninominales, y este error se hace patente en cada rincón del país", sostiene Mario Ronald Durán, ex dirigente universitario 8. Ante este sombrío panorama, se pregunta: "En estas condiciones, ¿es prudente que el MAS sea gobierno?". El cuestionamiento no es ocioso, toda vez que la experiencia regional, muy en particular la del PT y Lula en Brasil, muestra los costos de ser gobierno sin apoyos institucionales sólidos. Pero en Bolivia esto es mucho más grave aún, ya que a diferencia de lo sucedido con el PT y el Frente Amplio de Uruguay (que llegaron a la presidencia luego de haber gobernado los más importantes municipios y estados del país), el MAS no cuenta ni siquiera con experiencia en el manejo de los asuntos institucionales, en un Estado donde los funcionarios serán una pesada carga colonial capaz de neutralizar cualquier decisión del poder Ejecutivo.
Si el profundo ciclo de protesta que se registró en Bolivia entre 2000 y 2005 (cuyo pico fue octubre de 2003) ha llegado a su fin, la apuesta por reagrupar fuerzas en y desde las bases que formula Olivera, parece la más realista y acertada. En estos años los movimientos han sido capaces de desestructurar aspectos esenciales del orden dominante, pero su "energía estructurante" se limita a espacios acotados en algunas regiones como la aymara, y quizá otras, así como en sectores urbanos de ciudades como El Alto 9. Sin embargo, el despliegue de esa capacidad de hacer de los movimientos, que ha sido suficiente para derribar gobiernos e impedir decisiones antipopulares, no fue capaz de darle forma a alternativas de gobierno que abarquen todo el país.
Así las cosas, lo importante para los movimientos parece consistir en cómo seguir creciendo en una situación muy adversa, que puede oscilar entre los intentos de cooptación y división desde el Estado hasta formas diversas y complejas de represión, ya sea desde el mismo Estado o desde organizaciones civiles como las de la derecha autonomista de Santa Cruz. En todo caso, ese crecimiento pasará -como ya lo están mostrando las experiencias que se articulan en el Frente de Defensa del Agua, los Servicios Básicos y la Vida- por el interior de los nuevos actores; una suerte de "crecimiento interior" que busque profundizar experiencias de control colectivo de la producción y reproducción de la vida. Este fue el camino que le permitió al movimiento social boliviano, a fines de los años 90, dar un espectacular salto adelante. Pero es, sin embargo, un proceso que -como la construcción de la autonomía zapatista o el "viaje" a las ciudades de los sin tierra brasileños- transcurre fuera de la visibilidad de los grandes medios.
Notas
1. En caso de que ninguno de los candidatos alcance el 50% de los votos, corresponde al parlamento elegir al presidente entre los dos más votados.
2. Entrevista personal a Alvaro García Linera, Niteroi, 15 de octubre de 2005.
3. Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, noviembre de 2005.
4. Entrevista a Alvaro García Linera.
5. Idem. En adelante todas las citas pertenecen a esta entrevista.
6. Entrevista personal a Oscar Olivera, Montevideo, 27 de octubre de 2005. En adelante las citas pertenecen a esta entrevista.
7. Pablo Stefanoni en Le Monde Diplomatique, La Paz, noviembre 2005.
8. "Evo y la gobernabilidad" en www.rebelion.org
9. Sobre el tema, Raquel Gutiérrez Aguilar, "Bolivia: reflexiones para y desde el porvenir", 2005, inédito.
* Raúl Zibechi es colaborador con el IRC Programa de las Américas
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Una visita al infierno
Terrorismo de Estado en las cárceles argentinas
Víctor Ego Ducrot
Agencia Periodística del Mercosur
La Fogata
Una deuda de la democracia. Los establecimientos penales son "basureros humanos". Denuncian una verdadera operación de limpieza social, dirigida contra pobres y jóvenes
Radio La Cantora es un Proyecto de Comunicación Popular dedicado a los derechos humanos de los ciudadanos privados de su libertad. Es llevado adelante desde fuera y desde dentro de la cárceles, para difundir los reclamos y las demandas de los detenidos. Azucena Racosta, profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y coordinadora del Proyecto, y Fabián Sampietro, quien al momento de los hechos que va a relatarse gozaba de libertad, fueron detenidos hace pocas semanas en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en una operación que en nada corresponde a un sistema democrático. Para esclarecer los hechos y revisar cuál es la situación de las cárceles argentinas, APM entrevistó a Racosta, quien unos días después de su detención fuera liberada sin acusación alguna.
¿Por qué no nos cuenta que sucedió en Trenque Lauquen?
Es para nosotros una tarea cotidiana, asistir a compañeros del colectivo de trabajo de La Cantora que se encuentran privados de la libertad. Ese es el caso de Miguel, que, el día que nos detuvieron, era trasladado para un reconocimiento a la Fiscalía de Trenque Lauquen. Lo que ocurrió es de público conocimiento, salvando las distancias con la prensa amarilla, que nos calificó como "grandes delincuentes" y no, como militantes de los derechos humanos que somos. Sabemos que para esta prensa, aliada históricamente a las dictaduras militares, los defensores de los derechos humanos somos "delincuentes". Nos estaban esperando y al llegar a la fiscalía notamos un gran operativo policial, al que se sumaron luego efectivos penitenciarios, pero no nos llamó la atención porque esto es una rutina en los tribunales cuando trasladan a detenidos. Llegamos a la fiscalía caminando, habíamos dejado nuestras pertenencias y el auto en el hotel, en el que nos habíamos alojado dos horas y media antes de que nos detuvieran. Según la causa, este operativo fue realizado por un trabajo de "inteligencia" del Servicio Penitenciario Bonaerense (de la provincia de Buenos Aires). Ellos evidentemente habían "chupado" mi teléfono y así se enteraron de nuestro viaje. Según nuestra lectura, eligieron Trenque Lauquen, por ser un pueblo pequeño, alejado. Esto no lo hubieran podido hacer con nosotros en los Tribunales de La Plata (ciudad capital de la provincia) por ejemplo, en donde realizamos visitas periódicas. Les hubiera resultado engorrosa la operación de "plantarnos" un arma de guerra.
¿Por qué consideran ustedes que el Servicio Penitenciario querría involucrarlos en un delito de ese tipo?
Veníamos asistiendo a un importante grupo de internos que se habían declarado en huelga de hambre. Con esta modalidad denunciaban las irregularidades judiciales y las pésimas condiciones de vida carcelaria. Estas huelgas estaban siendo silenciadas entre el poder político, el judicial y el servicio penitenciario. Nosotros rompimos el cerco y difundimos las huelgas de hambre y los puntos que denunciaban los compañeros: la violación de los artículos l8 de la Constitución Nacional y en la misma dirección, del artículo 30, que prescribe que "Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos...". Esas normas establecen además que "todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan...". Por su parte, la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires dice que inexcusablemente deben ser respetados los derechos a la salud, la educación, el trabajo y buena alimentación, y fija las condiciones que deben darse para que esos derechos puedan hacerse efectivos: "convivencia en un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene...".
¿Creen que existe alguna relación entre lo que les sucedió a ustedes y los hechos ocurridos por ese entonces en el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires, donde decenas de presos terminaron muertos, sin que la Justicia haya aclarado lo acontecido?
Una semana antes de los hechos ocurridos en el penal de Magdalena, titulamos nuestro comunicado como "Las cárceles del exterminio", titular que fue ratificado por el suicidio en masa los internos de Magdalena, donde murieron 32 jóvenes, hecho públicamente conocido. Suicidio en masa que intentó repetirse en el pabellón 10 de la unidad 9 de La Plata, hace quince días. Una nueva y horrorosa respuesta a la violencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, y que no se analiza. Cabe agregar que lo de Magdalena no terminó; en ese mismo penal, la semana pasada, una reyerta interna dejó un saldo de once jóvenes heridos. La tarea de La Cantora, evidentemente no es bien vista por un sector de los penitenciarios, particularmente por aquellos que añoran las viejas épocas, en las que la corrupción y la violencia no tenían control alguno y menos aún difusión. Lo que hicieron fue tratar de frenarnos. El chivo expiatorio es nuestro compañero Fabián Sampietro que se encontraba excarcelado, que tiene antecedentes penales y por sobre todas las cosas, porque Sampietro no es cualquier detenido. Nuestro compañero es una persona conocida en el ámbito penitenciario y gubernamental por sus intensas luchas por los derechos de todos en las unidades penales, y molestaba mucho más que continuara con esta lucha gozando de su libertad.
Pero existen organismos del Estado que están al tanto de lo que usted denuncia.
La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el Patronato de Liberados y el colectivo de trabajo del Proyecto de Comunicación Popular La Cantora pueden dar cuenta de la tarea que Sampietro venía realizando en beneficio de su propia vida, de su libertad y de la de otros que aún están en condición de detenidos.
¿Entonces...?
Consideramos que fuimos el fusible de la interna penitenciaria, interna que se viene librando desde la intervención al Servicio Penitenciario en el año 2004, entre sectores que no quieren perder los negocios que realizan en las unidades penales, y los que propician el cambio. También fuimos víctimas de otra interna allegada a sectores del gobierno que están en pugna, y por supuesto de la interna judicial. Fabián Sampietro es hoy el rehén de esos sectores, que a lo largo de los años hicieron de las cárceles un basurero humano, un lugar en donde arrojan los desechos que va tirando el sistema capitalista, desechos que reditúan sabrosos dividendos a la industria de la pobreza. Con Sampietro preso, hay un sector que le está diciendo al otro quien tiene el poder real.
¿Podría referirse a cómo ven ustedes las condiciones en que viven actualmente las personas privadas de su libertad?
Las condiciones carcelarias en la provincia de Buenos Aires son de absoluta violación a los derechos humanos de los internas y de las internas, y las venimos denunciando desde hace más de 10 años. Cuando el nacimiento del proyecto La Cantora decíamos que el aparato represivo de la dictadura estaba intacto dentro de las cárceles. En la actualidad lo dicen también sectores del Estado, como la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Comisión por la Memoria, entre otros. El poder político, el judicial y la sociedad están informados de esta situación. Es de público conocimiento que las cáceles están superpobladas, que los presos viven hacinados, que la alimentación es precaria y de mala calidad, que la atención de la salud es pésima, que los obligan a dormir sin colchones, que en la mayoría de los penales los detenidos y detenidas están caminando sobre aguas servidas, que no hay vidrios en las ventanas, que quienes habitan las cárceles son jóvenes pobres de alrededor de 20 años de edad.
Y en ese escenario...
Los internos optan por auto-agredirse permanentemente por la falta de respuesta a sus reclamos. Estamos hablando de reclamos que se calificarían como menores: un colchón, artículos de higiene, lavandina por ejemplo, un medicamento, comida. Ante la negativa, los internos se cortan o en el peor de los casos se prenden fuego. Ni hablar de las reyertas internas, de las que provocan algunos sectores del servicio penitenciario con bandas de detenidos que trabajan para ellos, a cambio de prebendas y beneficios. El sistema carcelario es claramente inconstitucional, es la modalidad con la que los sectores de poder eliminan a las nuevas generaciones de jóvenes pobres. En los ´70 fue con la dictadura, en los ochenta con la guerra de Malvinas, en los noventa con las cárceles de la pobreza, creadas por un Estado que de no lograr los cambios que se propone, se consolidará como Estado Penitenciario. En estos sitios se viola el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la buena alimentación, no se cumple absolutamente con lo que dice ley, una ley que, por otra parte, claramente fue escrita para proteger a las clases privilegiadas.
Usted está formulando severas acusaciones...
Y no es para menos. Las formas de hostigamiento y tortura van desde las agresiones físicas a las psicológicas. Esa es la respuesta del personal penitenciario a los requerimientos de los internos. Los internos son tratados por el personal penitenciario como al enemigo y no como a las personas a la que deben asistir y resguardar en su integridad física y psicológica. Las poblaciones carcelarias son dopadas en masa. A efectos de ejemplificar, según información brindada por el Servicio Penitenciario a la Secretaría de Derechos Humanos, en la Unidad N° 9 de La Plata, con una población de 1433 personas, se consumen 18.657 dosis de psicofármacos por mes. Si tomamos en cuenta datos más generales comprobamos que, siendo el promedio de la población carcelaria de 24.942 personas, se consume un total de 269.544 pastillas tranquilizantes por mes. En la Unidad N° 8 de Los Hornos, por ejemplo, con una población de 209 mujeres, se consumen 6.520 psicofármacos. En la Unidad N° 3 de San Nicolás, con una población de 543 detenidos, el consumo es de 8.460. La Unidad N° 29 tiene una población de 157 internos y el consumo asciende a 7.434 pastillas. Estoy hablando del consumo mensual según datos oficiales, sin contar el tráfico de estupefacientes. Otra de las formas de hostigamiento y que provoca graves consecuencias a los privados de la libertad y a sus familias, y que involucra a otro de los grandes negocios del Servicio Penitenciario, es la desmedida cantidad de traslados, que generan a su vez desmedidos costos de financiamiento. La División Traslado de Detenidos insume un promedio mensual aproximado de 60.000 pesos en vales de nafta (1.520 vales), 10.000 pesos mensuales para reparación de automotores, a los que debe sumarse los sueldos y viáticos del personal. En el rubro viáticos se destinan 120.000 pesos mensualmente. Son 245 las personas que allí se desempeñan, incrementándose este número los días viernes, con personal de otras unidades. Durante el año 2004 la División Traslados de Detenidos ha efectuado 114.222 desplazamientos de detenidos. Hay internos que no alcanzan a estar 15 días en una unidad; así sus vidas son de transito, lo que provoca secuelas psíquicas y físicas graves, tanto para él como para su familia.
Nos está hablando del infierno...
Efectivamente es así. Sabemos ya que no hay un solo derecho sino que hay múltiples derechos que están en disputa. Que las cárceles son el sistema de control para los sectores devastados por la política económica. Que allí no van a pagar los grandes delincuentes, que estos no son juzgados con el mismo código penal con el que juzgan a los "pibes chorros". Que los miles de jóvenes pobres que pueblan las cárceles deberían estar trabajando, estudiando. Que son jóvenes de los que el Estado no se hizo cargo cuando debía haberlo hecho. Si en esta disputa de poder no avanzan los cambios propuestos, las cárceles serán una bomba de tiempo para el gobierno. El juicio a las Juntas de la pasada dictadura juzgó a los militares genocidas; veremos a quienes se juzgará por el genocidio que perpetró la democracia de los Carlos Menem y Eduardo Duhalde. ¿Sabremos con nombre y apellido quienes son los responsables de los miles de inocentes muertos por hambre, desnutrición o abandono? Entre esos muertos silenciosos cuento a los miles que asesinaron en las cárceles de la democracia. Para tener una idea, en lo que va del año, las cárceles bonaerenses se llevaron la vida de 97 jóvenes, sólo por muertes traumáticas. A esas hay que sumarles la cifra de los muertos por enfermedades, en su mayoría por falta de atención médica. En 2004, según datos oficiales, fueron doscientas las muertes traumáticas. Multipliquemos por los años de democracia para saber a cuántos jóvenes pobres asesinaron las cárceles bonaerenses. ¿Pediremos como sociedad Juicio y Castigo a los responsables de este nuevo genocidio? O seguiremos pidiendo que sean eliminadas las "clases criminales", es decir la clase que conforma la mayoría de los argentinos, que responden al estereotipo del delincuente: "pobres, morochos y jóvenes". Pedimos la libertad inmediata de nuestro compañero Fabián Sampietro y el esclarecimiento de los hechos por parte del gobierno. Que se investiguen las áreas de inteligencia.
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Foro económico mundial de Davos de enero 2006
Descentralizar la protesta en toda Suiza
Sergio Ferrari desde Suiza
La Fogata
Resistir a Davos y lo que este foro simboliza. Y para ello, "descentralizar en todo el país las protestas creativas". "Si Davos está en todas partes, nosotros también". Tal la estrategia de una veintena de grupos contestatarios que se movilizarán para denunciar, una vez más, el rol de dicho foro en el mantenimiento del modelo neoliberal hegemónico.
Dichas manifestaciones comenzarán el sábado 14 de enero y se extenderán hasta el 28 del mismo mes. La jornada de acción central será el 21 de enero, cuatro días antes de la apertura oficial de Davos prevista para el miércoles 25.
Fantasía ante la represión creciente
Tal como fue la modalidad durante la última edición de enero del 2005, estas actividades se realizarán descentralizadamente en toda Suiza.
Excluída del programa cualquier manifestación en la misma ciudad turística de Davos ya "que la represión es muy fuerte y no queremos terminar entrampados como en otras ocasiones cuando nos movilizamos masivamente hacia Davos". Por eso debemos encontrar "con fantasía nuevas fórmulas", señala Daniele Henni, diputado municipal ecologista de Berna y uno de los portavoces de la iniciativa.
Por el momento, según los organizadores, estas actividades se realizarán en Berna, Coira, Saint Gallen,Thun, Zurich, Lucerna así como en algunas ciudades de la Suiza francesa y la italiana.
"La convocatoria es de resistencia a Davos y lo que este foro representa, pero se realizará pacíficamente", enfatiza Jenni. Señalando que la consigna unificadora es: "Davos está en todas partes, pero nosotros también", haciendo referencia al actual modelo económico dominante y a las luchas crecientes de resistencia al mismo.
Abanico de convocatorias
La música será el condimento esencial de la primera protesta convocada para el 14 de enero en la capital y denominada "Danzar fuera del Foro Económico Mundial" (Dance Out WEF). Esta demostración-marcha musical que comenzará poco después del mediodía en la "Fosa de los Osos" (en pleno centro de la ciudad histórica), concluirá con una fiesta en el barrio popular de la Lorraine.
Una semana más tarde, el sábado 21, centenares de acciones, algunas ya programas y otras espontáneas, se llevarán a cabo en todo el país. "Será el punto fuerte de la movilización", explica Jenni.
Como en la edición anterior, Berna, la capital, será el escenario más activo. Diversas coordinaciones anti-Davos y anti-OMC; agrupaciones autónomas (como el Bloqueo a la Cumbre; DADAvos etc); la Juventud Alternativa Sí y la del Partido Socialista; los Verdes de Berna; el Partido del Trabajo; redes feministas; así como ATTAC (movimiento a favor de la aplicación de la Tasa Tobin) están entre los promotores.
Esta red debería continuarse ampliando. Están en marcha conversaciones con iglesias y sindicatos.
Se están organizando un abanico de animaciones. Actividades artísticas, culturales y musicales; stands de información; distribución masiva de volantes explicativos; programaciones especiales de radios locales; fiestas; teatros de calle, entre otras.
"Muchas de estas iniciativas ya nos han sido comunicadas. Otras serán espontáneas. No pretendemos centralizar todo. Queremos que se de rienda suelta a la creatividad y fantasía en un clima de tranquilidad. Nos gustaría que sobre la base de esta lógica se impulsen iniciativas en otros pueblos y ciudades", explica Daniele Jenni.
Repitiendo una dinámica que lleva ya varios años, ATTAC junto con organizaciones políticas progresistas, invitan a "El Otro Davos", que se realizará en esta ocasión el viernes 27 en Zurich. Concebido como un espacio de reflexión y debate internacional, los organizadores invitarán en esta ocasión a Tania Quiroz, luchadora social que se opuso a la privatización del agua en Bolivia; a Nawal El Saadawy, historiadora y militante feminista y a una representante negra de Nueva Orleans.
Cerrando esta serie de acciones descentralizadas, el sábado 28, diversas asociaciones y movimiento convocan a una movilización en Basilea bajo la consigna "El futuro está en nuestras propias manos"
Ridiculizar al aparato represivo
Daniele Jenni insiste y suscribe: "Programamos todo en un clima de tranquilidad tal como sucedió ya en enero de este año cuando al prohibírsenos la manifestación prevista en Berna, hicimos una Jornada de Acción con pequeñas actividades de información y animación por todas partes de la ciudad".
En esa ocasión, "no hubo ningún incidente ni acción violenta", a pesar del clima enrarecido que se había creado con la militarización de la ciudad con más de mil policías desplegados. "Todo pasó bien a pesar de algunas detenciones injustificadas Y estoy seguro que se repetirá ese clima".
Nueva tónica, nueva modalidad. Extender la protesta, "ridiculizando" el aparato de seguridad creciente que año en año aumenta para proteger la fortaleza de Davos. Creatividad ciudadana ante un poder militar que le costó a los contribuyentes suizos más de 8 millones de francos (6, 2 millones de dólares) en enero del 2005.
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Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad.
Llamamiento contra la ley de impunidad "Írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre..."
Brecha,2/12/2005)
Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad.
Puesto que no somos juristas, no empleamos el término anulación como propuesta de acción jurídica, pero sí en un sentido de acción política que abandone el enmarañado camino del menudeo que intenta, desde hace demasiados años, rescatar unas gotas de verdad y justicia.
Serán los juristas comprometidos con el respeto por los derechos humanos quienes elaboren una propuesta de acción precisa que conforme a quienes, como los integrantes del cuerpo de redacción de BRECHA, sostenemos que llegó el momento de abandonar el minimalismo pragmático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en el imperativo ético de investigar y hacer justicia.
Entendemos que se trata de una cuestión controversial.
Pero es justamente en la controversia que el Estado tiene la obligación de optar por una interpretación que abra los caminos a la acción y no como lo ha hecho hasta ahora, por interpretaciones de bloqueo.
No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra.
En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado... Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, se informa la existencia de transferencia de prisioneros desde otros países y de su posterior exterminio (los vuelos), se busca el cuerpo de la madre asesinada (María Claudia García) después del robo de su hija (Macarena); se encuentran huesos humanos en predios militares. No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto.
Hasta el pasado 31 de octubre todos los gobiernos posdictadura evidenciaron una absoluta falta de compromiso con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares y conciudadanos de las víctimas, así como de las víctimas sobrevivientes.
Los crímenes de la dictadura no son cosa del pasado. Pesan diariamente en la vida ciudadana, en las familias, en los individuos, su ascendencia y su descendencia.
La espera ha sido muy larga y penosa. Los familiares de desaparecidos primero y otras organizaciones de derechos humanos luego transitaron una etapa en la que sus reclamos chocaron contra muros de silencio y hostilidad, y en la que fueron elaborando una suerte de "estrategia de intersticios", de buscar donde la ley de impunidad dejara una ranura, un orificio, para intentar algún paso en la búsqueda de la verdad.
En esa lógica del goteo, hasta los más consecuentes luchadores por la verdad se enredaron alguna vez en la maraña de argucias para rescatar una brizna de justicia.
Durante años se intentó arrastrar fuera la ley a una u otra de las víctimas: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros...
La Comisión para la Paz dio un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición, tortura y asesinatos de uruguayos. Pero no aportó información sobre el destino de los desaparecidos ni sobre los responsables de su suerte. No hay un solo civil ni militar de la dictadura preso por los delitos de torturas, desaparición y asesinatos, a pesar de que hoy ni las Fuerzas Armadas niegan la existencia de tales delitos.
Con el triunfo del Frente Amplio en las elecciones hubo un instante de feliz esperanza. Ahora sí se avanzaría en la investigación, se conocería el destino de los desaparecidos, se recuperarían los amados cuerpos... Se ingresó a los cuarteles, se exigió informes a los mandos, se iniciaron las excavaciones en busca de los restos.
Pero el nuevo tiempo político traería otras racionalidades, en particular la nueva doxa del pragmatismo. Y la vuelta al menudeo en el tema derechos humanos. La calidad de "permanente e imprescriptible" del delito de desaparición no debería quedar subordinada a la aparición de cuerpos, como señaló el presidente Vázquez.
La alternativa a la impunidad en este nuevo escenario no puede ser un nuevo remiendo que sirva para seguir postergando la verdad.
Entendemos que la formulación, obviamente bien intencionada, de una ley interpretativa de la ley de impunidad, será un nuevo remiendo o postergación que chocará con la inequívoca actitud de los jueces, contraria a la investigación y a la sanción de los (de esos) delitos.
Por todo esto, el cuerpo de periodistas de BRECHA llama a los uruguayos que están en el país y a los que están diseminados por el mundo a expresar su voluntad de poner fin, frontalmente, a la impunidad.
La alternativa será legal, se llamará anulación o inaplicabilidad -por muchos caminos se puede llegar a Roma-, incluirá respuestas a los argumentos acumulados durante décadas para impedir la investigación y la sanción de los delitos citados.
Pero esta vez la alternativa elegida debe declarar explícitamente "írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre" todos los actos de validación de la impunidad "arrancados a los pueblos" mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.
La Redacción
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PT y CUT, los hijos de Lula destruidos por el padre
El gobierno Lula destruyó el PT y va a destruir a la CUT. Jamás alguién podría imaginar ese despropósito años atrás, cuando el cielo era el límite para esos dos pilares del lulismo
J. Carlos de Assis
Correspondencia de Prensa
La Fogata
El PT es una construcción histórica de Lula, una extensión de su carisma y de su liderazgo. Fue siempre gracias a ese carisma que el partido, a pesar de sus siete fracciones o corrientes ideológicas, se mantuvo más o menos unido en las elecciones presidenciales, aunque a veces estancado en niveles electorales más bajos, como en Río Grande del Sur o en Río de Janeiro.
En el caso de la CUT [central sindical], al margen de la ausencia física de Lula en su comando, desde que decidió asumir la dirección del PT, había razones todavía más fuertes que en el PT para tener un lider sindical valiente, pragmático y hábil. La central creció a su sombra, para alcanzar más de 20 millones de afiliados y tornarse la mayor de Brasil, teniendo como punto de unidad las estrategias de lucha establecidas por su fundador y una marca muy clara de independencia en relación a los gobiernos. Esto, dió a líderes como Meneguelli la fama de intransigente.
Una central sindical está menos expuesta que un partido a la querellas ideológicas internas. La lucha sindical busca beneficios inmediatos para los trabajadores, y eso significa una dósis mayor de pragmatismo en la formulación de la acción. Naturalmente que, habiendo nacido bajo la égida de la Guerra Fría, la CUT enamoró durante unos buenos diez años o más con el proyecto socialista, cuando menos en su forma blanda y democrática. Con el desmoronamiento de la Unión Soviética y del socialismo real, la central no llegó a revisar sus doctrinas. Y acompaño al PT en esa omisión.
Con todo, lo que está destruyendo al PT y a la CUT no es su ambiguedad ideológica, una cierta pusilaminidad delante de la evolución del país y del mundo. Tampoco son las fuerzas conservadoras que, supuestamente, deberían ser sus principales oponentes. Tal como Cronos, el gigante mitológico que se comió los hijos, Lula es el gran destructor de sus crías. El destruyo al PT al transformarlo en el principal soporte parlamentario e ideológico de una política económica regresiva, neoliberal, heredada del gobierno Fernando Henrique, que el partido siempre condenó. Con eso, el PT perdió el alma.
En la elección de la nueva dirección, quedó claro que el partido se partió al medio, con un margen insignificante en favor de los "profesionales" del Campo Mayoritario. Eso significa que, en el futuro, la militancia del PT, históricamente la más aguerrida de la política brasilera luego de la democratización, será probablemente reducida a algunos grupos remunerados. Y esta no fue la única secuela dejada por el proceso electoral interno. La desbandada de militantes fundadores, como el extraordinario hombre público Plinio de Arruda Sampaio, así como de Plinio Filho, muestra la extensión del estrago.
Sobre la fragmentación política e ideológica del PT - ahora sin la figura unificadora de Lula para orientarlo, al contrario, como motivo del disenso en razón de su política económica neoliberal - ocurrió el escándalo de compra de mayoría parlamentaria a través del valerioducto. Si Lula no sabía de eso, fue un distraido. En cualquier caso, habiendo intentado justificar la caja dos como práctica general en su famosa entrevista a una reportera amateur, en París, Lula pretendió salvar lo que ya estaba perdido. Las elecciones de 2006 dirán lo que va a sobrar del PT.
La CUT está en un proceso de fraccionamiento interno todavía más grave que el PT. Su presidente fue alzado a Ministro de Trabajo. Es una maniobra "getulista" extemporánea y probablemente infructuosa. Cuando Getulio y después Jango trataron de cooptar el movimiento sindical, ellos estaban prácticando simultáneamente una política de desarrollo económico y social. Ahora, lo que se ve es un intento de comprar líderes sindicales para que cierren los ojos a la política económica de favorecer a los ricos y poderosos. Es posible que eso agrade a algunos amigos de Luis Marinho, pero, dificilmente, a los millones de afiliados a la CUT amenazados de perder el empleo y con el salario real en caída.
* Economista y profesor. Desemprego Zero. Editoriales. http://www.desempregozero.org.br/ Traducción de Ernesto Herrera - Correspondencia de Prensa
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Francia: la aparición del subsuelo
José María Pérez Gay /I
La Jornada
La Fogata
Franceses protestan contra el estado de excepción y en demanda de un Estado social de emergencia, frente al Palacio Saint Michel, en París, luego de la ola de disturbios que ocurrió en los suburbios de la ciudad y varias entidades francesas, en imagen del pasado 16 de noviembre FOTO Reuters
La tarde del jueves 27 de octubre, un grupo de jóvenes musulmanes jugaban un partido de futbol en los Clichy-sous-Bois, suburbio de París. Al regresar a sus casas, unos 12 policías aparecieron de pronto y detuvieron a seis sin cargo alguno. Bouna Traoré de 15 y Zyed Beena de 17 años salieron corriendo y los policías detrás de ellos. En la persecución vertiginosa se encontraron con Muhittin Altun, otro joven musulmán de 16 años; los tres siguieron corriendo por un pedregal y se toparon de pronto con la valla metálica de una central eléctrica. Saltaron la valla con gran agilidad y entraron, para su desgracia, en la caseta de un transformador de alta tensión. Bouna y Zyed murieron electrocutados; Muthittin resultó herido con graves quemaduras, pero salvó la vida. Unos días después declaró que huían de los policías, y para evitar ser capturados entraron, sin darse cuenta del riesgo mortal, en la caseta del transformador. "Nos escondimos allí durante una hora, Bouna tocó un cable", declaró Muhittin, "sentimos un golpe y el ruido de una descarga eléctrica." Esa tarde nadie pudo adivinar que la desgracia de Bouna y Zyed iba a prender la llama de la rebelión juvenil más impresionante de la historia moderna de Europa.
Cuando Querido Moheno (1874-1933), periodista y diputado mexicano del gobierno usurpador de Victoriano Huerta, vio en 1913 a las "hordas zapatistas" pasar a caballo frente a su ventana, habló de la aparición del subsuelo. La Francia moderna, nacida de la revolución de 1789, un Estado democrático, rico, industrializado, defensor a ultranza de los derechos humanos, emblema de la cultura occidental, una de las naciones más importantes de la Unión Europea, cuyo proyecto, entre muchos otros, se proponía la asimilación y la integración de los inmigrantes, ha visto también, en 2005, la aparición del subsuelo, el fantasma de la guerra civil en los sótanos de sus ciudades. En diez meses de 2005, las llamas se han llevado 30 mil automóviles de los suburbios franceses. En el último mes fueron más de 6 mil 600. ¿Pero quiénes son esas bandas de adolescentes sin líderes, sin organización, sin ideología ni proyecto político, que se lanzan a las calles con una indomable voluntad de combate y destruyen todo lo que representa al Estado, a los servicios públicos y, sobre todo, a los policías, los brazos armados de Nicolas Sarkosy, el ministro del Interior.
Francia nunca dejará de sorprendernos. La primera gran rebelión de adolescentes en la historia moderna ha surgido en su territorio. El sábado 29 de octubre la revuelta ya era incontenible. Los jóvenes de 14 y 16 años incendiaron vehículos, destruyeron más de 100 edificios públicos, saquearon y arrasaron centenas de comercios. Los vecinos de la barriada de Aulnay-sous-Bois no dieron crédito a sus ojos. "Han quemado los automóviles de la gente pobre, sin recursos, de los que no podemos meterlos en un estacionamiento privado, ni tenemos un seguro que nos pague el dinero que aún debemos", decía François Ledux, un hombre de 40 años del barrio de Rose des Vents, en la delegación de Aulnay-sous-Bois, el corazón de la violencia en la banlieue (periferia) parisina, donde además habitan los inmigrantes magrebíes y subsaharianos. "No han quemado los Mercedes Benz y los BMW de los jefes de las bandas, ni de los capos narcotraficantes, ellos tienen sus automóviles muy bien guardados", afirmaba Ledux.
Aulnay-sous-Bois en el departamento de Seine-Saint Denis tiene algo más de 80 mil habitantes; por paradójico que suene, el barrio de La Rose des Vents, donde habitan cerca de 24 mil personas -ciudad de torres de hormigón y antenas parabólicas, salas de videojuegos, computadoras, Internet y monitores- era una suerte de símbolo del proyecto de urbanización parisina, más de 300 colonias cuyas torres de 15 o 20 pisos de altura -con apartamentos de 25 metros cuadrados- se extienden a lo largo de la banlieue. Sin embargo, en esa zona no existe seguridad alguna, sus habitantes viven al margen de la sociedad, de la policía y de la ley. Muy pocas personas se atreven a salir de noche por sus calles, no quieren ir ni a la tienda a comprar víveres.
En la noche del viernes 4 de noviembre más de 2 mil 200 automóviles ardían envueltos en llamas y 250 personas estaban detenidas. Los jóvenes se lanzaban al ataque en forma organizada, encapuchados y en motos, arrojando cocteles molotov contra los vehículos estacionados, y luego desaparecían del lugar de los hechos. Las bandas coordinadas por zonas incitaban a la revuelta a través de Internet, llamaban a otras ciudades a la rebelión contra la autoridad gubernamental, en particular contra Nicolas Sarkosy, el ministro del Interior. Sarkozy había resbalado sobre una pista de hielo cuando llamó raicailles (canallas, escoria, gentuza) a las bandas. Los jóvenes -y adultos de veintitantos- de las banlieues (suburbios) asumieron el insulto, "ahora van a conocer a la escoria" -dijeron- y, en ese preciso momento, dio lugar a la primera batalla contra los odiados agentes antimotines (CRS), el resultado: un muerto y 37 heridos. La revuelta de los jóvenes de la banlieue no es sino el fracaso de la resignación; la rabia que se descarga de inmediato; el ciberespacio les acerca aún más el mundo al cual nunca tendrán acceso, al que nunca podrán pertenecer. Esa inmediatez de la resignación ha sido desafiada por la muy distinta inmediatez de la espontaneidad y la voluntad, por el autismo de sus combatientes y sus pulsiones autodestructivas. Los jóvenes vándalos franceses, magrebíes y subsaharianos nos revelan los misterios e incógnitas que yacen ocultos en el subsuelo mismo del mundo contemporáneo de la globalización.
Por primera vez enfrentamos una utilización insólita del ciberespacio. Muchos jóvenes han grabado con sus cámaras las escenas de violencia en las que participaron; las conservan como un recuerdo de sus actuaciones estelares, un antídoto contra el veneno lento del anonimato, del silencio y la resignación. Los nómadas urbanos, esa categoría tan atractiva para Oswald Spengler, se encuentran marginados de la sociedad, pero no del gueto y del ciberespacio, de los teléfonos celulares y de las imágenes digitales de la destrucción; los blogs, la bitácora en línea, una suerte de relación de los hechos, recuentos diarios de los días en una página de Internet, han superado a la revuelta misma, se reproducen miles y miles de fotos de los autos en llamas, los mensajes enviados en clave narran las aventuras de la noche, la atracción del abismo, el imperio del odio contra los policías, a quienes llaman smiths como en la película Matrix. Los jóvenes de la banlieue son mirones muy enterados.
"Quienes se lanzan a quemar coches pertenecen a la tercera generación, los que tienen entre 13 y 18 años", afirma Didier Carmignac, profesor de preparatoria en Rose des Vents, "y representan hasta 20 por ciento de la población de estos barrios". Más todavía: "no tienen una identidad definida, no se sienten franceses, nunca han visto trabajar a sus padres, sólo conocen el desempleo y la delincuencia, además es un grupo que siente un rechazo patológico a la lectura". La televisión, los monitores y la Internet -la hegemonía de la industria de la conciencia virtual- los han poseído desde hace muchos años, les ha arrebatado la capacidad de leer y pensar.
El departamento de Seine-Saint-Denis, el más afectado por la revuelta, tiene una población de l.4 millones y en sus calles conviven más de 70 nacionalidades; el número de desempleados asciende a 14 por ciento, y son 47 mil personas las que cobran el salario de desempleo (RMI). "En los apartamentos de interés social de la calle de Helené-Cochnnec", cuenta Carmignac, "las pequeñas bandas desean destruirlo todo: coches, almacenes, gimnasios, sobre todo escuelas primarias. "Si algún día nos organizamos", le dijo un joven de Rose des Vents a Carmignac, "tendremos granadas de fragmentación, explosivos, metralletas Kalaschnikov (...) Nos daremos cita en la Bastilla y será la guerra. Cada vez que lanzamos un coctel molotov, estamos pidiendo auxilio. No tenemos palabras para explicar lo que sentimos. Sólo sabemos hablar con el fuego".
El domingo 6 de noviembre, la furia de la destrucción adolescente alcanzó un récord difícil de superar: mil 406 vehículos incendiados y 395 personas detenidas. La rebelión se extendía cada vez más: 274 ciudades afectadas, entre ellas Rennes, Toulouse, Nancy, Montpellier, Burdeos, Clemont-Ferrand; mil 285 detenidos, 5 mil 244 automóviles incendiados en la provincia, 77 policías heridos de gravedad, 31 bomberos con quemaduras de segundo grado. En la madrugada del lunes, las bandas devastaron todo lo que encontraban a su paso: cuatro bibliotecas municipales, tres guarderías infantiles, dos iglesias católicas, siete oficinas de correo, cinco comisarías, las reservas de medicamentos de varias farmacias, las conservas de los supermercados, y todo tipo de comercios, zapaterías, boutiques, artículos deportivos. En la medianoche, la policía francesa encontró otros 453 vehículos incendiados, entre ellos muchos autobuses y arrestó a otras 65 personas. A pesar de que el gobierno había impuesto el toque de queda, y Dominique Villepin, el primer ministro, llamaba a mil 500 reservistas, que se unirían a los 9 mil 500 agentes en activo, nadie pudo detener la revuelta de los jóvenes de la banlieue.
La aparición del subsuelo no comenzó el pasado 27 de octubre, cerca de París, con la muerte de dos jóvenes musulmanes que escapaban de la policía. Desde el 1º de enero de 2005 se han registrado en Francia cerca de 72 mil casos de violencia urbana, 32 mil vehículos incendiados, 442 combates entre las bandas de jóvenes. En esta rebelión no sólo ha fracasado, me temo, el modelo de integración multicultural de Francia, sino también y sobre todo el de la globalización.
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