Realidad tras las rejas:
http://palestinalibre.org/articulo.php?a=35995
informe sobre presos políticos y detenidos administrativos palestinos
A mediados de octubre 477 prisioneros políticos
palestinos fueron liberados y en el próximo mes y
medio otro medio millar podrá dejar atrás las
cárceles israelíes. Las imágenes de madres
abrazando a sus hijos, esposas a sus parejas,
hijos a sus padres emocionaron a toda la sociedad
palestina y a gran parte del mundo. Pero detrás
de esas postales se esconden imágenes obscuras y
desesperanzadoras, las imágenes de los más de
5.000 prisioneros políticos que aún siguen
presos, en pésimas condiciones, luchando
desesperadamente por atraer la atención con una
huelga de hambre que parece haberse desarmado
ante la indiferencia en la calle y unas cuantas
promesas de las autoridades israelíes que aún deben concretarse.
El desánimo de los presos políticos y sus
familias, y el aparente desinterés por su
situación en las calles de Cisjordania es prueba
de cuan exitosa ha sido la cruenta y sistemática
política represiva de la ocupación israelí,
principalmente en la última década, después de la
Segunda Intifada. Pocas aristas del conflicto
afectan tan directamente a toda la sociedad
palestina como el tema de los prisioneros. Cada
familia tiene en su hogar una foto de un padre,
un tío, un hijo, un primo, un yerno que está
cumpliendo una condena o está preso sin juicio ni
acusación en una cárcel israelí, la mayoría en
territorio israelí, totalmente desconectado de los suyos.
Desde la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este
y la Franja de Gaza en 1967, las fuerzas
israelíes han detenido a más de 700.000
palestinos en esos territorios, lo que representa
alrededor de un 40 por ciento de la población
masculina. Las autoridades palestinas suelen
concentrarse en los casos de los líderes
políticos, como Marwan Barghouti o Ahmad Saadat,
y los medios de comunicación, en los responsables
de sangrientos ataques y atentados. Sin embargo,
la mayor parte de los palestinos que entran
dentro de esa alarmante estadística son detenidos
administrativos, presos sin nombres conocidos que
pueden pasar años sin saber por qué fueron
arrestados, que nunca tendrán un juicio, ni serán
procesados, ni podrán defenderse. Ellos son la
prueba más evidente de la arbitrariedad y la
total impunidad con la que se manejan las
autoridades israelíes dentro de los territorios palestinos ocupados.
La ley israelí dice que cualquier palestino puede
ser detenido si "existen argumentos razonables
para presumir que la seguridad pública de esa
área así lo requiere". La norma se basa en un
artículo de la Convención de Ginebra que
establece la posibilidad de detenciones
administrativas sólo cuando existe "una
emergencia pública que amenaza la vida de la
nación" y esa emergencia debe probarse caso por
caso. Según la interpretación de las autoridades
israelíes, la nación israelí ha estado en un "estado de emergencia" desde 1948.
Esta "emergencia" indefinida le permite, según la
legalidad entendida por las cortes israelíes,
detener durante meses o años a palestinos, sin
tener que dar explicaciones a nadie. Según la
orden militar número 378 aprobada en 1970, la
persona puede estar detenida hasta ocho días sin
ver a un juez y, 48 horas sin ver a un abogado.
Las autoridades israelíes no tienen la obligación
legal de avisarle a la familia del detenido sobre
el arresto, las causas o, siquiera, su paradero.
En estos primeros ocho días, las autoridades
israelíes deciden si presentan cargos o si emiten
una orden de detención administrativa. Si optan
por esta última, sólo presentarán la evidencia al
juez militar; para el acusado las pruebas que
supuestamente lo incriminan serán siempre un
misterio. En el caso que el juez militar confirme
la orden de detención, como suele pasar casi en
el 100 por ciento de los casos en los últimos
años, el detenido quedará tras las rejas por seis
meses. Una vez cumplido ese plazo, el juez puede
extender la detención por otros seis meses y así
sucesivamente. No hay pena máxima, no hay límite legal.
La decisión, por supuesto, puede ser apelada ante
la Corte de Apelaciones Militar y finalmente ante
la Corte Suprema israelí, pero resulta muy
difícil para los abogados armar un caso cuando no
se conocen las pruebas ni se puede interrogar a los testigos.
Según los datos de Addameer, la organización
civil palestina que se ocupa de los prisioneros
políticos, hacia finales de 2009 más de 100
detenidos administrativos ya llevaban entre uno y
dos años tras las rejas, mientras que 27
oscilaban entre los dos y los cinco años. Durante
ese año, los jueces militares sólo rechazaron un
3,6 por ciento de las órdenes de detenciones
administrativas. El promedio mensual de detenidos
administrativos ese año fue de alrededor de mil palestinos.
Dado que no gozan del derecho básico de un
proceso debido, los detenidos administrativos
deberían gozar, según las propias leyes militares
israelíes, de ciertos beneficios con respecto a
los prisioneros condenados. Sin embargo, muchas
veces esto no sucede. Addameer ha registrado
numerosos casos en los que los detenidos
administrativos son ubicados en pabellones con
prisioneros condenados o que están esperando su
juicio. No sólo eso, sino que los guardias los
presionan para que cedan sus derechos y cumplan
con las mismas obligaciones y sufran las mismas
restricciones que el resto de los prisioneros.
Por ejemplo, deberían tener visitas familiares
una vez por semana durante 30 minutos. Como la
Cruz Roja sostiene que no tiene fondos para
transportar a los familiares todas las semanas,
las autoridades penitenciarias decidieron
restringir las visitas a 45 minutos cada dos
semanas. Aún así, para poder visitarlos, los
familiares sólo se permite la familia inmediata-
deben conseguir permisos para ingresar al
territorio israelí donde se encuentran todas las
cárceles, excepto una. La prisión de Ofer se
encuentra en Cisjordania, cerca de Ramala, pero
de todas maneras se necesita un permiso para
"ingresar al territorio de Israel". Los
palestinos con antecedentes o detenciones previas
que como hemos mencionado alcanzan a un 40 por
ciento de la población masculina- difícilmente
conseguirán uno de esos permisos.
Otro ejemplo es que la ley israelí dice
claramente que los detenidos administrativos
deben recibir la misma dieta que los guardias.
Sin embargo, estos detenidos reciben los mismos
platos deficitarios en calorías y vitaminas, que
los obliga a comprar de su propio bolsillo hasta
el 85 por ciento de sus alimentos en las cantinas
de las prisiones. Algo similar pasa con los
productos de higiene personal y limpieza a veces
los guardias los suspenden por meses- y con los
zapatos que cotizan entre 250 y 500 shekels en la cantina.
También sufren sistemáticas y arbitrarias
restricciones en el acceso a libros y diarios, y
en su derecho a presentar quejas contra la
administración de las cárceles. Los guardias sólo
aceptan quejas en hebreo y, para apelar a la
Corte Suprema israelí, hay que pagar 80 shekels
en la cantina. Las autoridades penitenciarias han
recurrido en más de una oportunidad a cerrar la
cuenta de la cantina de los prisioneros que
intentan hacer reclamos por encima de la jerarquía de la prisión.
Dentro de las cárceles, los prisioneros
palestinos saben que todo puede ser utilizado
como moneda de negociación en la puja de poder
con las autoridades israelíes: sus derechos, su
dignidad, su salud, su libertad y, a veces, hasta su vida.
