lunes 15 de junio de 2009
Los salvajes amazónicos
El peruano Alan García promulgó leyes que avasallan los derechos de los 
indígenas. Permiten a petroleras y mineras explotar sus tierras. Diego 
Villar
Critica Digital
En los dos últimos años, el presidente peruano, Alan García, promulgó leyes 
que avasallan los derechos sobre el territorio de los indígenas amazónicos. 
Promueven privatizar o estatizar tierras comunales, a las que llaman 
"desiertas", "abandonadas" o "improductivas". Y dan luz verde a compañías 
petroleras y mineras para explotarlas sin negociar con sus legítimos dueños. 
Los reclamos indígenas y los pedidos de organizaciones religiosas y 
seculares que alentaron el diálogo entre ellos y el gobierno fueron 
sistemáticamente desestimados. Estos reclamos no apelaban cándidamente a un 
derecho inmemorial a la tierra, sino a pactos y tratados nacionales e 
internacionales vigentes, que refutan la lógica utilitaria que encubre la 
política del gobierno peruano.Ante la falta de respuestas por parte del 
gobierno, desde hace varios meses los indígenas se movilizaron y bloquearon 
masiva pero pacíficamente diversos ríos y rutas de la Amazonía peruana. La 
policía reprimió con gases lacrimógenos a los aguarunas (o, como se llaman a 
sí mismos, awajún) que cortaron la ruta entre Jaén y Bagua e hirió a muchos 
de ellos. Protegidos sólo por sus lanzas ceremoniales, retrocedieron unos 
kilómetros hasta la Curva del Diablo, y allí organizaron un nuevo bloqueo. 
Las tropas policiales despejaron violentamente la ruta con armas de fuego, 
gases y helicópteros: dispararon a mansalva contra los aguarunas y también 
contra la población civil mestiza que acudió desde las poblaciones de Bagua 
Chica y Bagua Grande. Aunque se ignoran las cifras exactas, numerosos 
aguarunas, campesinos y policías resultaron muertos y heridos.Según las 
autoridades, los indígenas iniciaron el tiroteo. Las acusaciones de los 
aguarunas y de la población local contradicen la versión oficial: la policía 
abrió fuego, disparó por la espalda a los manifestantes que huían y a 
periodistas; golpeó, violó y torturó a muchos de los detenidos; finalmente 
quemó, arrojó al río o retiró cadáveres de los hospitales, buscando diluir 
los rastros de la masacre.Durante los días siguientes, una intensa campaña 
del gobierno sugirió que los indígenas amazónicos son salvajes sedientos de 
sangre, desacreditó su protesta y legitimó el accionar policial. A pesar de 
haber mantenido en todo momento una política apaciguadora, Alberto Pizango, 
presidente de la organización nacional que nuclea a los pueblos amazónicos, 
fue identificado como el autor intelectual del presunto ataque indígena; 
tuvo que huir y solicitar asilo en la embajada de Nicaragua -no sin que 
otros rumores sugirieran que había huido a Bolivia, lo cual rápidamente 
aprovechó la oposición autonomista de ese país para atacar al gobierno de 
Evo Morales desempolvando conflictos limítrofes entre ambas naciones-. En 
estos días, un número creciente de indígenas amazónicos se moviliza para 
apoyar a los aguarunas.Como los huambisas, los shuar o los achuar, los 
aguarunas pertenecen al conjunto de sociedades tradicionalmente conocidas 
como "jíbaros". Desde muy temprano estos pueblos fascinaron a misioneros, 
exploradores y autoridades por atesorar las tsantsa, las cabezas reducidas 
de sus enemigos. Con el tiempo, la antropología encontró en esta práctica 
una filosofía social. Su sentido simbólico y cosmológico ha de dilucidarse 
en los términos de un intercambio ritual de venganzas, que paradójicamente 
posibilita la reproducción en el tiempo de este tipo de sociedades. Limitar 
nuestra comprensión de estos grupos a la reducción de cabezas, o a sus 
tradiciones guerreras, sería tan arbitrario y tan inútil como reducir a los 
argentinos al mate y el tango, o a los estadounidenses al baseball y las 
hamburguesas de McDonald's. Las movilizaciones aguarunas revelan lucidez y 
plasticidad para adaptarse a los nuevos desafíos de la vida política. Son la 
muestra de una conciencia colectiva despierta, que denuncia lúcidamente una 
maniobra incompatible con legislaciones nacionales y acuerdos 
internacionales suscritos oportunamente por su país. Los aguarunas fueron 
castigados por entender el juego de la legislación estatal, y sobre todo por 
entenderlo bien: su tenaz propensión al diálogo, a la moderación y al 
respeto de la ley nos obliga, por lo menos, a preguntarnos quiénes fueron 
los salvajes en la Curva del Diablo.
*Antropólogo, investigador del Conicet, especialista en sociedades indígenas 
de tierras bajas, desde la Amazonía
http://laotramovida.blogspot.com/ 
