*(Indicaciones acerca de la situación social en el Estado Español)*
*El proceso de desactivación del movimiento de contestación social se
inserta en el proceso general de desactivación de la conflictividad social
que se aprecia en los diferentes países de la Unión Europea. Una
desactivación que, si bien se hace ostensible en el plano general de la
movilización y contestación al sistema capitalista, tiene su reverso en la
proliferación de formas perversas de conflictividad de baja intensidad
(violencia contra inmigrantes, contra las mujeres, intensificación del
chantaje y presión psíquica y física en el lugar de trabajo, etc.) que
marcan la senda de un proceso general de descomposición de expresiones
sociales heredadas del ciclo de luchas del pasado reciente, mientras abren
paso a una reorganización de la sociedad sobre las bases de un nuevo
autoritarismo: el totalitarismo democrático.
De este modo, mediante la invocación reiterada de una categoría vaciada de
contenido, la democracia, se da pábulo a una especie de estado
neocorporativo en el que la colusión de intereses entre las instancias
gestoras de la representación social y económica (corporaciones
empresariales, partidos, sindicatos, ONGs y demás asociaciones de la
denominada sociedad civil) legitima y ampara prácticamente la expropiación
de los bienes colectivos (agua, territorio/espacio público), así como la
explotación y exclusión de las facciones de la población asalariada con
menos capacidad de defensa de sus intereses (inmigrantes, mujeres, jóvenes,
ancianos, etc., que constituyen precisamente los segmentos de la población
asalariada menos competitivos).
Con este trasfondo, que marca en igual medida la ruina cultural de la
izquierda histórica (socialdemocrática y leninista), se ha dado rienda
suelta a la imaginación discursiva postmoderna, donde la práctica del
lenguaje y el gusto por el neologismo han tomado el lugar del lenguaje de la
práctica, toda vez que ésta, sepultada en el proceso de transformación
impulsado por la acumulación intensiva de capital de las dos últimas
décadas, ha sido relegada a mera expresión formal, simbólica, lingüística,
ideológica, en fin, del antagonismo. Con ello, la producción de un discurso
antagonista vendría a llenar el hueco dejado por la casi total ausencia de
una práctica social antagonista. Así, mientras avanza el proceso de
socavamiento de las condiciones de vida (precarización), la mayor parte de
la población limita su contestación a la muestra de un malestar que
encuentra su satisfacción en el recambio de las figuras en el sistema de
representación política. Por otra parte, la imparable devaluación
intelectual de la izquierda lleva a definir como movimientos sociales la
mera agregación de diferentes segmentos de opinión. Del mismo modo que
confundir sindicalismo con movimiento obrero es un error interesado de
ciertas formas ideologizadas de la izquierda tradicional, es un abuso de
lenguaje identificar como movimientos sociales las movilizaciones de simples
corrientes de opinión (contrarias a la guerra, por ejemplo). Si algún
significado tiene todavía el concepto de movimiento social será en relación
con su dimensión y contenido, en la medida que por su relevancia pone en
entredicho la relación social existente y se hace expresión tendencial de la
superación práctica de esas relaciones sociales.
La paradoja que representaron grandes movilizaciones (Nunca Mais, No a la
Guerra, 11-M, etc.) y la impotencia de las multitudes remite a la creciente
disparidad entre la autonomización formal y la sumisión real de la política
respecto de las exigencias de la acumulación de capital. Se hace «la
política que se puede hacer», como no paran de repetirnos los profesionales
de la representación política o, lo que viene a ser lo mismo, se hace lo que
se puede para mantener el equilibrio entre los movimientos espasmódicos del
capital y sus consecuencias sociales inmediatas, y el mantenimiento de la
estabilidad social necesaria para proseguir el proceso de acumulación.
Indagar en los mecanismos que hacen posible esa aparente supresión del
antagonismo en la fase totalitarista democrática, discernir si nos
encontramos ante la superación/supresión real del antagonismo social
inherente a la condición asalariada o, por el contrario, si se trata de su
encubrimiento de acuerdo con las condiciones de la fase actual de
acumulación de capital, es algo que se pretende avanzar en las páginas que
siguen. Y, sobre todo, abordar los mecanismos de articulación social del
Estado neocorporativo del totalitarismo democrático para poner en evidencia,
al menos, algunas de sus limitaciones prácticas. Si no queremos renunciar a
pensar lo social tendremos, pues, que alejarnos tanto del ensimismamiento de
la obviedad descriptiva de la práctica de la acumulación de capital, como de
la huida que representa el discurso del rechazo meramente ideológico del
mundo circundante. La elucubración discursiva acerca de la transformación
social ha llevado, hasta cierto punto, a oscurecer el análisis de la
práctica de la acumulación de capital, de sus tendencias y posibilidades,
que son también y sobre todo, sus limitaciones. Pues, a fin de cuentas, es
en el trasfondo de esas limitaciones donde se encuentran las posibilidades
reales, prácticas, de cualquier intervención encaminada a modificar la
situación social presente.
Desde luego, no hay una sola razón, ni una sola forma de aproximación a la
cuestión, sino que son varios los indicadores que pueden ayudar a esclarecer
el panorama social; en las páginas que siguen se pretende abordar algunos de
los entresijos de las aparentes paradojas, comenzando por plantear el papel
de la esfera de la representación política en las actuales condiciones de
desarrollo del Capital. Y más concretamente, qué tipo de subjetividad
política genera la población asalariada en una sociedad como la española,
plenamente integrada en el circuito de acumulación transnacional de capital.
Pues, a fin de cuentas, la pregunta nada retórica de cualquier indagación
crítica en la sociedad capitalista es ¿de qué se vive?
A partir de ahí se puede comprender el quién y cómo de la articulación
social de esa subjetividad, de su naturaleza, sus adhesiones y disensiones.
Pues la dependencia que establece el régimen asalariado en su forma concreta
-y compleja- dentro de la fase actual de desarrollo capitalista es la que
marca el horizonte de la conflictividad social real; de ahí también que los
diferentes modos que reviste la condición asalariada sea a la vez que un
medio de garantizar unas determinadas condiciones materiales de vida, una
forma de gestión de la conflictividad potencial que acompaña la relación
asalariada. De ahí que, en cierto sentido, la respuesta a la pregunta de qué
vives sea también una manera de responder a la cuestión acerca de los
mecanismos de gobernabilidad puestos en pie por el capital y el estado.
Por otra parte, la forma específica de inserción en el régimen general de
asalariado es la que permite avanzar en la hipótesis acerca de un eventual
sujeto social capaz de dar expresión concreta a sus intereses y a la forma
de enfrentarlos al capital; un sujeto que, en las actuales circunstancias,
sólo se presenta como hipótesis teórica, como corresponde a la realidad
práctica fragmentaria de la conflictividad difusa de la población asalariada
en defensa de sus medios de subsistencia.
LA PAZ SOCIAL SUBVENCIONADA
La integración del Estado Español en la Unión Europea en 1986 supuso por
parte del PSOE, que había accedido al gobierno en 1982, la continuación de
la reestructuración iniciada con el gobierno de UCD y la transformación de
la estructura productiva española con amplias repercusiones en forma de paro
masivo y desintegración social. A cambio de entregar el mercado español al
capital transnacional, el país recibiría para compensar los desequilibrios,
una parte sustancial del presupuesto europeo destinado a los nuevos estados
adherentes. Los fondos europeos se convirtieron así en un instrumento de
amortiguación de los impactos negativos de la integración y, sobre todo, en
un instrumento de articulación social y política, a través de la
distribución de puestos de trabajo, subvenciones y prebendas sufragados con
el dinero europeo. Se forjaron de ese modo nuevas formas de adhesión a los
aparatos políticos y sindicales y, en otros casos, se potenciaron los lazos
tradicionales del clientelismo; es decir, se establecieron las bases de una
articulación social que, al tiempo que contribuye a potenciar las
inversiones y transfería al capital privado parte de los fondos recibidos,
permitía atenuar los potenciales focos de conflictividad.
Si contemplamos la actividad generada por la riada de euros recibida por el
estado español y las relaciones sociales que genera, nos hallamos, sin duda,
con algunas de las claves de comprensión de la situación social. Desde
luego, la mayor parte de esa masa de capital va a engrosar las arcas del
capital privado, por medio de concesiones, contratos y subvenciones directas
o a través de mecanismos indirectos (ayudas a I+D, exenciones fiscales y de
pagos a la Seguridad Social, ayudas al fomento de empleo, etc.) que, a su
vez, contribuyen a fomentar las fidelidades clientelares (en esto es
paradigmático el caso del Prestige1).
Si, por una parte, se produce una ofensiva contra lo público y la asistencia
social, en general, por otra, hay que dilucidar cuál es la magnitud de las
medidas sociales puestas en práctica, precisamente para paliar el deterioro
social (PER, subsidio agrario, renta de inserción, subsidios a parados de
larga duración, etc.), y cómo intervienen todas esas medidas a la hora de
potenciar una determinada forma de precarización creciente, pero sostenible,
del trabajo asalariado a través del denominado tercer sector, por ejemplo, o
la generación de empleo para titulados universitarios desempleados en
programas de formación, o los innumerables sistemas de becas, proyectos de
promoción cultural, etc., impulsados desde todas las instancias de la
administración y las entidades privadas. Todo ello comporta un fenómeno de
encuadramiento social bajo formas asalariadas más o menos evidentes cuya
financiación proviene en su mayor parte de las subvenciones públicas o de
las exenciones fiscales en el caso de las entidades privadas. Y en ese
espacio de encuadramiento social que incorpora un número nada despreciable
de personas, es donde se producen las adhesiones y alineamientos políticos
que caracterizan la forma actual del clientelismo.
PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO Y «TERCER SECTOR»
La inserción del Estado Español como país intermedio en la cadena productiva
transnacional y la especialización en el terciario que le acompaña crea una
base social improductiva, ligada a ciertas esferas de lo que en la crítica
de la economía política se denominaría «producción de desperdicio» (la
producción militar, pero también la cultural, espectáculos, ocio/turismo,
formación, producción inducida por el estado o los gobiernos regionales,
etc.), que experimenta sus limitaciones de intervención política
precisamente en su condición deficitaria (depende de la plusvalía social
producida), o bien periférica (de bajo nivel de valorización del capital).
Precisamente, el excedente que se transfiere a la producción cultural y de
entretenimiento en los países capitalistas cumple una doble función en
cuanto a activar el segmento de la economía improductiva (en una especie de
keynesianismo tardío), por un lado y, por el otro, como forma de desactivar
el potencial conflictivo que pudiera acarrear el paro masivo. Es en este
contexto en el que hay que entender las políticas de subvenciones, programas
asistenciales y fomento de la producción cultural en los países hegemónicos
del centro capitalista; expresiones todas ellas de lo que podríamos
denominar welfare (2) oculto, pues aunque la evolución reciente del capital
desmonta el welfare al estilo de lo que se conocía en los años sesenta, no
es menos cierto que articula otras formas de prevención y contención de la
conflictividad que garanticen un relativo bienestar a la población
precarizada. Además, este welfare oculto es selectivo, ya que en buena
medida se accede a la condición de beneficiario por medio de relaciones
personales, de participación y pertenencia, al partido gobernante en el
ayuntamiento o al sindicato, por ejemplo, lo que forja vínculos
clientelares, a diferencia del carácter universal, de cobertura generalizada
y de acceso más abierto del sistema de welfare de los años sesenta.
El sistema de financiación de las adhesiones políticas potenciado desde las
instituciones públicas y desde las entidades privadas beneficiarias de los
fondos europeos, lo que no deja de ser una forma de privatización de la
plusvalía social transferida al capital privado, complejiza las relaciones
de clase respecto a la fase capitalista precedente. Se genera, así, una
relación asalariada menos homogénea de lo que pudiera parecer en la sociedad
industrial expansiva, que da origen a una amplia capa de población
asalariada cuya función en el orden productivo (reproductivo) es menos
crítica o se convierte, simplemente, en improductiva, mientras que, al mismo
tiempo, los sectores críticos en el proceso de reproducción capitalista, que
cuentan entre sus componentes con amplios sectores de la clase trabajadora
tradicional (encuadrada en sindicatos), sustentan el «consenso productivo»,
según feliz expresión del gerente de uno de los llamados sindicatos
mayoritarios. Y la construcción práctica de ese consenso, que separa los
segmentos de la población asalariada que son clave en el proceso de
acumulación, de quienes se encuentran en la esfera de la reproducción
social, no es una cuestión sin importancia.
Dado el desarrollo del denominado tercer sector en los países capitalistas
desarrollados, hay que contemplarlo en la doble dimensión de su importancia
social y «productiva»; es decir, en tanto forma de encuadramiento de una
determinada masa de población que «trabaja» en la esfera asistencial y la
solidaridad internacional y establece una determinada relación de
dependencia financiera con el Estado, las instituciones privadas del capital
(fundaciones), y en tanto sector deficitario que detrae capital a la
inversión directamente productiva. El denominado tercer sector es una esfera
de actividad que, en un sentido restrictivo, se puede circunscribir (informe
de Esade) a las ONG involucradas en las actividades de cooperación con otros
países y que en el año 2000, por ejemplo, obtuvo una financiación superior a
los 87.000 millones de ptas.
Ahora bien, si a ese tercer sector añadimos las actividades culturales, los
servicios asistenciales en los países del centro capitalista, la producción
de entretenimiento, los servicios de escaso valor añadido, nos encontramos
con un indicador del agravamiento del déficit público y de gasto ineficiente
para el capital (de ahí las peticiones de recortes desde las patronales),
aunque también –de ahí su ambivalencia- tiene una función decisiva en el
plano de la reproducción social, además de ser un medio de abaratamiento de
los servicios sociales, y un elemento importante de encuadramiento de una
fuerza de trabajo no aprovechable en la esfera directamente productiva.
El crecimiento del tercer sector en los países capitalistas desarrollados
hay que entenderlo, pues, como un mal necesario para el Capital, y una
expresión del desempleo encubierto, en la medida en que funciona como
paliativo a la degradación general de las condiciones de vida de la
población menos competitiva (asistencialismo) y como área de encuadramiento
de una parte de la población cualificada (técnicos, gestores, animadores,
etc.) que encuentran en el tercer sector una salida de subempleo más o menos
precarizado.
Precisamente, porque el tercer sector es un dispositivo de atenuación de los
desequilibrios sociales, se presenta como una forma problemática de
financiación de la paz social pues si, por una parte, contribuye a abaratar
los servicios de asistencia social y la producción de entretenimiento,
además de constituir una base de fidelización de una masa de población (la
directamente asistida y la «asistente», que encuentra su medio de vida en
esa forma asalariada), por otra, no puede evitar aparecer como un factor de
gasto social ineficiente, ya que la parte de riqueza social que se
transfiera a esas actividades tendrá un impacto directo sobre la masa de
capital acumulada. Eso explica las preocupaciones del capital privado por el
incremento del déficit…
Mención aparte merece el voluntariado -aunque una parte del tercer sector
también es trabajo voluntario, no pagado- o la recuperación de la
solidaridad activa asistencial por parte del capital y el Estado, en la
forma de ahorro efectivo del gasto público, mediante la aportación
voluntaria y desinteresada de trabajo social no remunerado en actividades no
productivas o rentables para el capital privado. Según el estudio del ATD
Fourth World, a comienzos de esta década se ha evaluado entre el 8% y el 14%
del PIB de diferentes países la aportación del trabajo voluntario.
Aunque no contemplados en el ámbito del denominado tercer sector, pero
también partícipes indirectos en éste, a través de los programas de
formación y, especialmente, en razón a su propia naturaleza, están los
sindicatos, así como otras instituciones de representación y gestión
(asociaciones de vecinos). Los aparatos sindicales, como instituciones
integradas en el sistema de representación y gestión de la fuerza de
trabajo, constituyen en sí mismos un modo de empleo. ¿Cuántas personas,
entre profesionales de la representación (burócratas) y empleados
(administrativos), dependen económicamente de los sindicatos?, ¿cuál es el
número de beneficiarios de las prebendas que generan los diferentes niveles
de representación (horas sindicales) y que representan una oportunidad
profesional para antiguos obreros que dejan la planta de producción para
vegetar en los despachos y en el compadreo con los directivos de las
empresas? ¿No se trata, por lo demás, de un sector social, cuantitativamente
relevante cuyos intereses económicos y profesionales dependen directamente
vinculados al Estado (subvenciones) y a la estructura de representación
vinculada a la nueva organización del trabajo que, hegemonizada por el
capital, se deriva de la reestructuración productiva de los años ochenta? ¿A
quien puede sorprender, por tanto, el consenso productivo y el alineamiento
de los sindicatos mayoritarios con el frente del orden capitalista?
PRECARIZADOS SÍ, PERO ¿QUÉ PRECARIZACIÓN?
Precarización es un vocablo que ha hecho fortuna en la literatura
izquierdista, aunque el uso abusivo de la palabra ha llevado a un creciente
oscurecimiento del concepto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos
precarización? ¿Nos estamos refiriendo a las condiciones jurídicas de
contratación (a su temporalidad, informalidad o inexistencia)?¿A la
reducción de los salarios de jóvenes y mujeres en las nuevas contrataciones
(doble escala salarial), respecto a los salarios de los viejos/ hombres
asalariados? ¿Las condiciones laborales de los jornaleros? ¿La de los
inmigrantes? ¿Al subempleo? ¿La situación asociada a los empleos menos
pagados?, etc. Quizás a todo ello a la vez, aunque el exceso de
generalización que comporta el término precarización hace necesaria la
matización y el análisis del fenómeno si queremos entender el carácter
ambiguo y hasta contradictorio del término. Desde luego, se puede considerar
la precarización como una tendencia del régimen asalariado encaminada a
desarticular la agregación de la población trabajadora heredada del pasado,
y a evitar su eventual recomposición. En este sentido, los mecanismos
puestos en marcha son de todo tipo: jurídico-contractuales, técnicos
(organización jerarquizada del trabajo y las tareas) y remunerativos
(disgregación y discriminación salarial). Sin embargo, quedarse ahí serviría
de muy poco. Por otro lado, asociar precarización a inestabilidad/dificultad
a la hora de acceder a los medios y recursos para garantizar las condiciones
de existencia de los individuos avanza en el terreno de la realidad
existencial de la gente y, en este sentido, es el que se debería profundizar
para evitar generalizaciones, así como para desentrañar los dispositivos
puestos en pie desde las instituciones para paliar, e incluso recuperar, el
deterioro rampante de las condiciones de vida de una parte de la población
asalariada.
No es lo mismo inmigrante (con papeles/contrato) que el sin papeles, ni el
inmigrante con contrato que el autóctono, ni la precarización de los
jornaleros andaluces, las mujeres de baja cualificación o los hombres
parados mayores de cuarenta años puede compararse con la precarización de
los becarios e investigadores académicos o la precarización deseada de los
profesionales de alta cualificación (informáticos, consultores, artistas y
creativos). Tampoco con el/la joven que, gozando de una beca de intercambio
universitario, trabaja temporalmente en el sector servicios para obtener un
poco de dinero con el que complementar la beca y alargar una estancia
provisional en otro país. Son esas diferencias las que marcan la línea de
disgregación real de la tendencia que afecta a la población precarizada.
Además, y es otra de las líneas de análisis que hay que tener en cuenta, la
precarización no afecta solamente al proceso productivo, sino a todo el
ámbito de la reproducción y los servicios. Y aquí entraría la estrategia de
expropiación que supone la privatización o mercantilización de bienes
comunes, como el agua o el territorio (espacio público privatizado) y el
papel que representa la izquierda institucional consagrando el precio de
tales bienes (nueva cultura del agua, por ejemplo).
Esta capacidad de generar una gran variedad de situaciones de hecho es lo
que ha dado flexibilidad y versatilidad al sistema de reproducción social
capitalista en su fase actual en las regiones hegemónicas
euro-norteamericanas, mientras exporta las formas de agregación productiva
fordista hacia los países de nueva industrialización. Y es en las
contradicciones generadas en ese contexto de flexibilidad y mecanismos de
contención de la precarización en las que nos movemos. Por eso constatar la
tendencia a la precarización sería sólo una parte del problema si no se
abordan también los paliativos o contratendencias que, como en el caso de
los fondos europeos o el denominado tercer sector es necesario elucidar,
precisamente para señalar sus limitaciones y, en consecuencia, unas
eventuales líneas de intervención.
RENOVAR EL CONSENSO PRODUCTIVO Y RELANZAR LOS BENEFICIOS DEL CAPITAL
De los mecanismos y estrategias de financiación para garantizar la
gobernabilidad y la paz social mencionados más arriba puede decirse que se
trata de una especie de pacto social tácito que, al concernir
fundamentalmente al terreno de la reproducción (asistencia social,
producción cultural, negocio del entretenimiento, servicios personales,
etc.), aparece como un factor complementario del pacto social que sustenta
el consenso productivo, en la medida que actúa como contratendencia a la
dinámica de deterioro social que se deriva del consenso productivo.
La aceleración del ciclo de negocio señala, igualmente, un acortamiento
tendencial en el ciclo de acumulación del capital que exige una
profundización en las reformas hasta ahora llevadas a cabo en el mercado de
trabajo. Desde diversas instancias del Gobierno, patronal y sindicatos se
invoca la necesidad de un nuevo pacto por la competitividad que garantice
una cuota de acumulación para que las empresas sean «competitivas».
Otros dos aspectos cruciales de la intervención sobre el régimen asalariado
son el abaratamiento de los despidos (las indemnizaciones y la agilización
de los trámites) y la reducción de las cotizaciones patronales a la
Seguridad Social. Una vez más el consenso productivo se puso en marcha y el
secretario general de CCOO, en una intervención en la FAES, fundación del PP
presidida por Aznar, manifestaba su predisposición a negociar que parte de
los excedentes que acumula la Seguridad Social sirvieran para la
financiación de una rebaja de las cotizaciones sociales.
El abaratamiento del despido ya fue firmado por los sindicatos en 1997 (33
días por año trabajado), pero la patronal exige una nueva reducción, de
acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. Por si no hubiera bastante, el
consenso productivo de patronal y sindicatos se hizo patente, una vez más,
al aceptar éstos contenciones salariales en las negociaciones de los
convenios a cambio de que las empresas aumenten sus inversiones en I+D+i. En
resumidas cuentas, el consenso productivo, en la medida en que legitima y da
cobertura práctica a las deslocalizaciones, también contribuye a precarizar
las condiciones de trabajo del sector «garantizado» de la clase trabajadora
(funcionariado, trabajadores sindicados, etc.) y de la que es una prueba la
tendencia a la disminución del salario real (e incluso el nominal para
nuevas contrataciones) que, en el plano general, se hace patente en la caída
de la participación de los salarios en la renta nacional.
Desde luego, los límites de estas líneas de actuación no se encuentran en la
voluntad particular de los integrantes del consenso productivo sustentado
por las fuerzas gestoras del capital y la población asalariada encuadrada en
los sindicatos, sino en las posibilidades de mantenimiento de ese consenso
productivo frente a los intereses del resto de población trabajadora. Y ahí
es donde entran en juego los paliativos de la paz social subvencionada de
que se hablaba anteriormente; una paz social cuyo coste de equilibrio
repercute sobre el déficit público y que se nutre de mecanismos monetarios
de peligrosos efectos ocultos, como es el caso de esa bomba de relojería que
es el endeudamiento privado, que alcanza al 70% del PIB (a finales de 2007
había aumentado hasta cerca del 90%). La política seguida en estos años de
dinero barato para vivir del crédito (hipotecario, créditos al consumo,
etc.) ha servido para ocultar y diferir en el tiempo la disminución real de
los ingresos salariales y de los ahorros acumulados por la población
trabajadora. Por supuesto, podría aducirse desde la economía política que
los márgenes de intervención en el sentido de atajar la burbuja del
endeudamiento son considerables; dicho en otras palabras, en las sociedades
opulentas del centro capitalista en que vivimos, existen unos márgenes
amplios de empobrecimiento de una parte de la población sin que conlleve
necesariamente una convulsión social; no obstante, la cuestión es cómo
apurar esos márgenes de empobrecimiento sin que haya una caída del consumo,
variable fundamental del crecimiento en la economía capitalista. Claro que
la respuesta no está en las categorías de la economía política sino,
precisamente, en la crítica práctica de la economía política. De ahí la
necesidad de prestar una especial atención a los mecanismos de contención
puestos en pie por la política económica para hacer frente, precisamente, a
una eventual crítica práctica de la economía política. Pues, a fin de
cuentas, es en las limitaciones materiales de esas iniciativas de contención
que configuran las políticas socioeconómicas de los gobiernos capitalistas
donde se evidencian las líneas de fisura y, por tanto, las posibilidades
reales de la intervención en un sentido transformador de las relaciones
sociales. *
Corsino Vega
NOTAS:
(1) A los pocos días de la catástrofe del Prestige, con la aprobación de las
primeras subvenciones, las cofradías de pescadores empezaban a desvincularse
del movimiento de protesta, pues los pescadores ganaban más con el subsidio
que les otorgaban los caciques gestores de los fondos públicos que saliendo
a faenar.
(2) Estado de Bienestar.
Sacado de la revista Ekintza Zuzena nº 35
nodo50.org/ekintza
publicado en
http://argentina.indymedia.org/news/2008/11/641352.php
