La Fogata
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La Fogata, Marzo 2001 - Marzo 2008, 7 años...
"Agrocombustibles+Monocultivo+Soja+Iirsa+Mineras = SAQUEO Y MUERTE PARA NUESTROS PUEBLOS"
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En dos mil caracteres
Un mapa que explica lo obvio
Pascual Serrano
Rebelión
El pasado 6 de abril, el diario Público difundió un mapa mundial con datos procedentes de la organización Wildlife Conservation Society y el Center for International Earth Science Information Network. Se trata del Mapa de la huella humana e índice de biocapacidad.
El documento permite apreciar, por países, el "índice de biocapacidad", que es la comparación entre las hectáreas existentes por habitante y las que serían necesarias, también por habitante, para cubrir los recursos consumidos en cada país. El reportaje recurre a este cálculo para dar la voz de alarma sobre el hecho de que la media mundial es de 1,8 hectáreas por habitante, mientras que el consumo es de 2'2, lo cual muestra que la evolución es claramente insostenible para el planeta.
Si estudiamos el mapa por países, podremos apreciar que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 4'7 hectáreas por habitante, pero consume lo equivalente a 9'5; España posee 1'7 y consume 5'3; Japón tiene 0'7 y gasta 4'3. Es evidente que sólo resulta posible consumir tres o cuatro veces más los recursos de que dispone un país si lo hace a costa de otros, donde se consuma por debajo de los recursos que poseen. Así, continuando con nuestro mapa, encontramos que en Gabón disponen de 19'2 hectáreas por habitante, pero consumen 1'4; o en Bolivia, donde si bien cuentan con 15 sólo utilizan 1'3, y en Brasil, que posee 9'9 pero consume 1'1.
Por supuesto, el mapa no permite percibir las desigualdades dentro de cada país, pero sí ofrece una fotografía absolutamente desideologizada y objetiva de cómo los países desarrollados se están "comiendo" la riqueza de los países pobres. Si en Gabón se mueren de hambre porque cada ciudadano consume sólo los recursos de 1'4 hectáreas, a pesar de que tienen 19'2 hectáreas por cada gabonés, es porque la riqueza de dichas hectáreas se la están comiendo en el Reino Unido o en Japón, donde consumen cuatro veces más recursos que los correspondientes a sus hectáreas disponibles. Y si en Bolivia, el segundo país más pobre de América Latina, poseen catorce veces más hectáreas de las que están consumiendo es porque quizá esos recursos terminan utilizados en Estados Unidos o en España, que utilizan el doble o el cuádruple, respectivamente.
Aunque, como diría el Che Guevara, desgraciados los tiempos en que hay que explicar lo obvio.
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Declaración de San Justo
"Por una comunidad saludable en un ambiente sustentable"
En la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de octubre de 2008, ciudadanos comprometidos en las Campañas "¡Paren de Fumigar!" y "Basta de Desmontes, Paren las Topadoras!", pertenecientes a más de 30 organizaciones sociales, instituciones educativas, agrupamientos políticos y culturales reunidos en Asamblea en el 1er. FORO REGIONAL CONTRA LAS FUMIGACIONES Y LOS DESMONTES , denunciamos que:
- La aplicación de un modelo de agricultura industrial ha demostrado su fuerte impacto negativo en el territorio y en las comunidades. En tan sólo una década, la deforestación, el monocultivo, el uso indiscriminado de venenos agrícolas, la erosión del suelo y la destrucción de las cuencas hídricas han hecho más vulnerables a las poblaciones humanas y a la biodiversidad. Estas transformaciones ya tienen sus consecuencias visibles en la aparición de enfermedades, la desertificación y la pérdida de la fertilidad de los suelos, la desaparición de los cordones frutihortícolas, el encarecimiento de los alimentos, el agravamiento de los ciclos de sequías y inundaciones, el éxodo rural, la pérdida casi total de nuestros bosques nativos, la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, entre otras.
La expansión de la frontera agropecuaria a costa de los montes nativos, prioriza la obtención de ganancias, tanto del Estado como de los particulares, por encima del bien común, y evidencia la pérdida de saberes e incapacidad de nuestros productores agrícolas para realizar explotaciones sustentables en los millones de hectáreas existentes que deberían garantizar alimentos sanos al alcance de toda la población santafesina.
-La existencia de normas específicas, como la Ley Provincial N° 11.273 de Fitosanitarios, la Resolución N° 55/07 de la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Ley Nacional N° 26.331/07 de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos, tiene su contrapartida en la ausencia de políticas concretas de intervención del Estado y de los organismos encargados de hacerlas cumplir. Estas ausencias nos ratifican una virtual complicidad entre el poder político y el poder de los agronegocios, por encima de los intereses de las comunidades.
Por lo tanto, proponemos:
1°) En virtud de lo normado por la Ley Provincial N° 11.273 de Fitosanitarios y su decreto reglamentario, ejercer nuestro derecho para reclamar por la demarcación de la línea agronómica en ciudades y pueblos.
2°) La reclasificación del herbicida glifosato, en cualquiera de sus presentaciones comerciales, de la actual "producto que no ofrece peligro" a "producto sumamente peligroso", puesto que ya existe evidencia científica nacional e internacional suficiente al respecto.
3°) No permitir la deforestación de una sola hectárea más de monte nativo: la propuesta de zonificación debe tener como premisa la conservación de la escasa superficie forestada original que aún queda antes que decidir el reparto en parcelas de escaso tamaño, inviables para el sostenimiento de la vida.
4°) Promover instancias participativas de desarrollo local basados en las propuestas agrosilvopastoriles, evitando la migración rural y fortaleciendo el empleo rural y la producción sustentable de alimentos sanos y económicos.
5°) Elevar esta declaración a todos los pueblos afectados por las fumigaciones y los desmontes en la provincia de Santa Fe para su difusión y adhesión, así como a las autoridades provinciales competentes y con relación al tema, específicamente al Sr. Gobernador, al Ministerio de la Producción, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Municipios y Comunas y la Defensoría del Pueblo, presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, al Procurador de la Corte Suprema de Justicia y a los medios de comunicación locales, regionales y nacionales.
San Justo, 25 de octubre del 2008.-
Firman
Muyuqui San Justo
Planeta Azul Romang
ECOS de Romang
Centro de Protección a la Naturaleza - (CeProNat) Santa Fe
Grupo de Reflexión Rural - (GRR).
Vecinal de La Criolla
Conciencia Solidaria Santa Fe
Asoc.de Pequeños Productores de las 3 Colonias - (ASOPEPRO) - San Javier
Vida Animal - Reconquista
Incupo - Reconquista
Proyecto Sur
Federacion Argentina de Estudiantes de Biología -
Mov.por la Salud de los Pueblos - Rosario
Mov. "Grito del Barrio Malvinas" - Rosario
Eco San Javier
Vecinal Hersilia
"NANDIC" , agrup.indigenista de San Justo
Foro Soberania Alimentaria de Rosario
Esc. De la Familia Agrícola (EFA) Nº 8209 - San Martin Norte
Esc. Comercio San Justo - Dirección del establecimiento.
Docentes de la Esc.Normal - San Justo
Inst. Superior del Profesorado - Reconquista
Proyecto"Lucecitas" - San Justo.
Dr. Rodolfo Páramo - Malabrigo.
Accìon Educativa - Santa Fe.
Grupo Ecuménico Juan XXIII - Santa Fe.
Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) -
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) - San Justo
Amsafe San Justo.
Asoc. Parque Federal - Santa Fe.
Para adherir a La Declaraciòn de San Justo, evento declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la ciudad de San Justo y de Interés por el Poder Legislativo de la provincia, enviar correo electrónico a :
Patricio Acuña - San Justo -cel: 3498402611 - patriciolibros@???
Carlos A. Manessi : Santa fe - cel 3424470862 - parendefumigarsantafe@???
Roberto Lerf : Romang - cel: 3483536630 - roby_lerf@???
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El doble rasero de la cooperación internacional en Nicaragua
¿Se quiere resolver la crisis alimentaria?
Isabel Duque*
Revista Pueblos
Señalado por la FAO en su Informe Anual de 2007 como uno de los treinta y siete países del mundo con inseguridad alimentaria severa, con una inflación hasta abril de este año cercana al veinte por ciento y con un déficit comercial externo que ha aumentado en el primer trimestre de 2008 en ciento noventa millones de dólares, Nicaragua, segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití pero con una riqueza en recursos naturales con la que se podría alimentar a toda Centroamérica, presenta un cuarenta por ciento de población que vive con menos de un dólar al día y las tres cuartas partes con menos de dos, lo que se traduce en que en más del cuarenta por ciento de los hogares se come menos de tres veces al día.
El problema real de acceso a los alimentos que tiene el país y que hace que uno de cada tres niños sufra desnutrición crónica parece que no va a ser solucionado con las propuestas que la FAO puso encima de la mesa en la última Conferencia para la Soberanía Alimentaria celebrada en junio en Roma, en la que, aparte de buenas palabras en la Declaración Final, se volvió a hablar de revolución verde, de libre mercado y de ayuda alimentaria como los ingredientes necesarios para conseguir paliar el problema del hambre. No se habló, sin embargo, del uso de transgénicos en esa ayuda alimentaria del PMA (Plan Mundial de Alimentos) y del negocio que esto le supone a los Estados Unidos; de las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio con el mismo país; del enriquecimiento de las multinacionales dedicadas a la agroindustria en nombre de una revolución verde que ha obligado al desmantelamiento del pequeño campesinado o, por ejemplo, de las trabas que la FAO lleva años poniendo a la aprobación de una ley de Soberanía Alimentaria en Nicaragua. Estas circunstancias, relacionadas todas ellas entre sí, han provocado que la dependencia alimentaria del exterior en Nicaragua fuera del 44,6 por ciento en 2006, paradójico si tenemos en cuenta que el sector agrícola es el más fuerte del país pero a la vez incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de una población que se ha visto forzada a emigrar en los últimos años al extranjero y cuyas remesas suponen el 27 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) nacional [1].
Ley de Soberanía Alimentaria retenida por la FAO
El GISSAN (Grupo de Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional), que agrupa en Nicaragua a 73 organizaciones nacionales y 25 ONG europeas, propuso en 2006 ante la Asamblea Nacional la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SYSAN), ley que fue aprobada en todos sus puntos menos en el quinto, aquel en el que se prohibía expresamente la introducción en el país de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), es decir, de alimentos generados a partir de semillas transgénicas como ayuda alimentaria. Con la ley parcialmente aprobada se pidió asesoramiento a la FAO, que, sin mostrar interés alguno por trabajar con el GISSAN en la elaboración de las nuevas propuestas, lleva presentados hasta el momento doce borradores que dan la espalda por completo a la ley aprobada parcialmente en junio de 2007.
En un estudio realizado en 2002 y en 2005 sobre los alimentos de primera necesidad (maíz, soya, cereales y arroz) enviados por el PMA a los departamentos de Dipilto, Siuna, Ocotal y Nueva Segovia y cuyos beneficiarios fueron fundamentalmente niños y mujeres embarazadas, los resultados arrojaron que eran en su totalidad de origen transgénico [2]. Estos alimentos provenían de Estados Unidos, y no por casualidad, ya que la ayuda alimentaria supone un gran negocio para el país del Norte que obliga a la comunidad internacional a que los productos salgan de sus fronteras en un tanto por ciento muy elevado y que sean distribuidos por empresas suyas (sólo cuatro empresas en el mundo controlan el transporte y la entrega de ayuda alimentaria). El negocio es redondo pues lo enviado como ayuda alimentaria es el excedente de peor calidad que generan unos agricultores subvencionados y que es vendido a precio de saldo, un precio con el que no pueden competir los países en vías de desarrollo por muy buena intención aparente que ponga la FAO de estar dispuesta a comprar ayuda alimentaria a "los países más desfavorecidos pero siempre intentando obtener el precio más ventajoso" [3].
El segundo aspecto de la SYSAN que no convence a la comisión de la FAO es la propuesta de crear un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria que se reuniría cada dos años y que estaría formado por un hombre y una mujer (agricultores) de cada municipio y de cada departamento del país. Estas 400 personas, a las que podrían sumarse todas las organizaciones que en Nicaragua trabajan para el desarrollo del pequeño y mediano productor, aunarían esfuerzos e ideas para revitalizar la producción agrícola desde lo local teniendo autoridad para tomar decisiones e intentando hacer frente a la revolución verde y a los ajustes estructurales exigidos por el FMI desde hace años, que ham convertido el campo de este país en grandes extensiones de monocultivo en manos de seis mil productores frente a las 196.000 unidades productivas agrícolas que existen actualmente. Según Eduardo Vallecillo, asesor nacional del GISSAN y principal impulsor de la SYSAN, "la crisis alimentaria hay que atajarla desde el poder local. A muchos alcaldes lo único que se les ocurre es acudir al PMA para conseguir comida por trabajo, y eso no es seguridad alimentaria Tampoco soluciona nada que las ONG internacionales realicen un gran despliegue de medios en las zonas rurales para que, después de terminado el proyecto y la subvención correspondiente, se vayan de la zona y dejen todo desamparado". Es aquí donde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria se encargaría de aunar esfuerzos para impulsar la producción local en colaboración con las ONG y con los gobiernos locales y así hacer frente a las imposiciones comerciales del mercado que han hecho de Nicaragua un país que importa arroz de EE UU y frijoles de El Salvador, unos frijoles producidos previamente en Nicaragua que el país vecino les ha comprado mucho más barato de lo que luego se los vende.
Frente a esto, el director regional del PMA para América Latina y El Caribe se decantó el pasado mes de junio en España [4] por una vuelta a la revolución verde como solución para paliar el problema del hambre aprovechando los avances en semillas, fertilizantes y tecnología y así aumentar el rendimiento de los cultivos y generar más alimentos. Estas afirmaciones no concuerdan con el hecho de que en el mundo hay actualmente 1,5 veces más alimento del que se necesita y que el problema es la distribución de este alimento que se ha convertido en un bien de mercado más sujeto a especulación.
Desde el GPAE (Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica) se ha puesto en marcha en el país nica una campaña que bajo el título de "El rescate de la semilla criolla" pretende que el agricultor recupere las semillas propias de su zona, aquellas que no necesitan agroquímicos a pesar de no estar artificialmente mejoradas. Según un estudio realizado en 150 comunidades del país, existen más de 120 variedades autóctonas diferentes de maíz y más de 130 de frijoles, semillas que se adaptan mucho mejor a las condiciones de cada zona. Se trata de una medida de choque frente a la agroindustria internacional capitaneada por la norteamericana Monsanto (primera en el mercado mundial de la semilla y controladora del ochenta por ciento de la producción mundial de transgénicos) que lleva años patentando especies de semillas que ha ido escogiendo de los países en vías de desarrollo y mejorándolas genéticamente. Esas mejoras implican la obligatoriedad de utilizar productos químicos que crea y comercializa la misma empresa. Iniciativas como ésta de la GPAE o la ley de SYSAN pretenden así devolver al campesino su poder y autonomía de antaño de tal manera que pueda producir alimentos de calidad y garantizarse así el derecho de todo ser humano a la alimentación.
*Isabel Duque es periodista y profesora de secundaria. Actualmente se encuentra participando en un proyecto de cooperación en Nicaragua con la ONG Fundación Entre Mujeres (FEM).
Notas
[1] Informe bianual (2006) del GISSAN.
[2] SIMAS (Servicio de Información Mesoamericana sobre Agricultura Sostenible).
[3] Página web oficial de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y al alimentación): www.fao.org.
[4] Jornadas sobre la crisis alimentaria del PSOE en Madrid.
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El agro-diesel en Colombia: negocio de pocos, miseria para muchos.
Mario Alejandro Valencia*
Ningún ciudadano sensato podría oponerse al avance científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las personas y detener la crisis ambiental que sufre el planeta. Sin embargo, no es gratuito que a nivel mundial venga creciendo cada vez con más fuerza los cuestionamientos sobre los supuestos beneficios económicos y ambientales de la producción de agro-combustibles, desde las críticas por convertir grandes extensiones de áreas cultivables y selvas en monocultivos de palma de aceite para producir agro-diesel y caña de azúcar para producir etanol, hasta las denigrantes condiciones humanas que viven los agricultores y trabajadores de los países pobres del Sur.
Colombia no es la excepción a esta fiebre mundial por encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. No obstante, la solución que plantean los dirigentes no es producto de su ingenio sino de la política agrícola impuesta por la globalización neoliberal desde 1990, entregando la producción de cereales, hortalizas y frutas de clima templado, cárnicos, lácteos y oleaginosas en los acuerdos comerciales, como el TLC con Estados Unidos, y especializando al país en la producción de cultivos tropicales, altamente sobre-ofrecidos en el mundo. Una felonía que se justifica con la falacia de importar comida barata para toda la población.
La ruina de más de 500.000 productores agropecuarios y campesinos durante la década del 90 y la destrucción de más de un millón de hectáreas, la crisis del café y la violencia rural ocasionaron el desplazamiento de cerca de tres millones de personas del campo a la ciudad y la configuración de una estructura de la propiedad rural de las más inicuas del mundo: el 0,4% de los propietarios, que posee predios de más de 500 hectáreas, acapara el 65% de la tierra. Un resultado de tal estado de cosas es que durante el gobierno del Álvaro Uribe Vélez se hayan sembrado cerca de 117.000 hectáreas más de palma de aceite del total de 328.973 hectáreas que hoy están cultivadas con dicho género. Para el gobierno nacional el potencial de hectáreas cultivables en zonas de rica biodiversidad, como las llanuras del Oriente colombiano, la Selva chocoana y el Pacífico colombiano es de 3.5 millones de hectáreas en los próximos diez años.
En Colombia el negocio del agro-diesel se ha desarrollado para beneficiar a contados conglomerados económicos. Con engañifas, el gobierno de Uribe Vélez pretende mostrar a los pequeños agricultores como ganadores, al vincularlos como 'socios' de este negocio. El cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, por lo que el retorno de su inversión no se da antes de los cinco años de su siembra. Por esta característica sólo es rentables en unidades de producción no menores a 50 hectáreas. Por lo tanto, la condición predominante es que es un cultivo de medianos y grandes propietarios. El negocio también deja sin otra opción a los agricultores que se amarran a un proyecto de largo plazo, eliminando la característica especial que tienen los cultivos transitorios de pasarse a otros que puedan presentar mejor rentabilidad en un momento determinado. En el balance debe tenerse en cuenta el alto costo de oportunidad que esta decisión significa para un agricultor.
También se le miente al país cuando se presentan a los agricultores y a los trabajadores como los ganadores en los proyectos de agro-diesel. Por el contrario, aunque el gobierno afirma que se han creado 90.000 empleos por el agro-diesel, las cifras demuestran que no son más de 4.500 en las 18.500 hectáreas de palma que se dedican para la producción actual del combustible, además en viles condiciones laborales dadas por un tipo de contratación completamente laxo.
Todas las argucias oficiales para mostrar los beneficios de los agro-combustibles en realidad ocultan que es un negocio que busca darle salida a excedentes de capitales, y para ello los inversionistas se valen de los estados que legislan para favorecerlos. El gobierno de Uribe Vélez y especialmente su Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, están obsesionados en convertir al país en un abastecedor mundial de agro-combustibles, mostrándolo como salvación para el agro nacional y progreso para el país.
Durante los últimos años se han encargado de expedir toda clase de leyes que hacen jurídica y económicamente viable la producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima para su producción la palma de aceite, se generaron incentivos como: exención de impuestos de IVA y global, se definieron como zonas francas especiales las plantas de agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron exonerados de renta líquida por 10 años. Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30 millones de dólares en Incentivos de Capitalización Rural - ICR durante los últimos cuatro años para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por hectárea. También ha establecido una tasa de crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7 millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para 4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional fija un precio para el agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones, de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite.
En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos plantas de agro-diesel con una producción total de 26 millones de galones al año, y existen proyecciones para construir 7 más que generarían 195 millones de galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un oligopolio empresarial que es el que puede asumir los costos de instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones de dólares.
Aunque el gobierno colombiano habla de un desarrollo del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los recursos naturales. En la selva chocoana, en territorios de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, grupos paramilitares se han apropiado violentamente de más de 33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas palmeras para extender sus cultivos. Según la Procuraduría General de la Nación, el gobierno con la 'Ley de Desarrollo Rural' aprobada recientemente, legalizará predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del gobierno de Uribe "fuese legitimar los cultivos de palma.en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos".
El acelerado avance del agro-diesel en Colombia generará un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en causa de desplazamiento y deforestación y significan en aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos limitados para la producción agrícola como el capital, el agua y la tecnología, generando un modelo distributivo aún más inicuo y contrario al orden constitucional vigente en Colombia. La conversión de una agricultura para producir alimentos hacia otra para producir energía, redundará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país. Los altos precios mundiales de muchos commodities agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia.
Como un agravante, fruto de la Ley de Desarrollo Rural, el gobierno colombiano puede ofrecer en comodato (tierra entregada gratuitamente) por 20 años terrenos baldíos a firmas nacionales o internacionales, aunque no tengan como razón social la producción agraria, para este tipo de iniciativas. Álvaro Uribe ha hecho tal ofrecimiento a George W. Bush y a personajes como Bill Gates con el incentivo de que, al certificarse como supuestas iniciativas ambientalmente amables, podrán gozar de las ventajas financieras otorgadas a través de los mercados bursátiles de los Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto. Es decir, "se quedan con el santo y la limosna".
Lo democrático en una nación es que un supuesto negocio tan rentable, como lo afirma el gobierno nacional, beneficie a toda la sociedad. ¿Cómo es que, dentro de la lógica neoliberal, el Estado tiene que privatizar sus empresas aunque sean rentables, no puede subsidiar a sus agricultores porque distorsiona el mercado, pero sí puede llenarle los bolsillos a una escogida y reducida clase empresarial, dizque porque es un proyecto estratégico de la nación? Si bien es necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, es por lo menos irresponsable plantear proyectos de producción de agro-combustibles sin resolver primero la soberanía alimentaria de los ciudadanos.
*Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria - Colombia
Agricultura y Comercio, No. 14. Noviembre - Diciembre 2007.
www.gtagricom.org
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Más herbicidas para sostener lo insostenible
GRAIN
Las grandes corporaciones agroindustriales se han lanzado a una nueva carrera para ampliar sus ganancias a partir del terreno que ganaron en los últimos diez años imponiendo con éxito monocultivos resistentes a herbicidas a lo largo y ancho de aquellos países que abrieron sus fronteras a los transgénicos.
Así tenemos a Monsanto, BASF y Dow que compiten (y al mismo tiempo colaboran) en la investigación de nuevos cultivos resistentes a herbicidas que ya están llegando a los campos o llegarán en los próximos cinco años.
Por detrás de la supuesta búsqueda de nuevos cultivos que suplanten a los cultivos resistentes al glifosato, obsoletos ante el obvio surgimiento de malezas resistentes al mismo, se esconde la búsqueda del control de un inmenso mercado de productos agrícolas primarios y agrotóxicos del que ninguna empresa quiere perder tajada. Hoy parece ser que ninguna de las corporaciones se acuerda de la seguridad con que diez años atrás afirmaban que nunca se producirían malezas resistentes al glifosato.
La venta del paquete tecnológico semilla-agrotóxico (protegido por la correspondiente patente que garantice el cobro de las regalías) es la ecuación perfecta para sostener un poder corporativo que ha crecido en las últimas décadas de una forma que no tiene precedentes (1).
Por supuesto, quienes pagarán los costos de la continuidad de este modelo son los campesinos, los consumidores y el ambiente, que verán cómo a la lluvia de glifosato que inunda millones de hectáreas de monocultivos de soja, algodón, maíz y canola ahora se suman otros agrotóxicos que completan el menú corporativo de la muerte: imidazolinonas, dicamba y 2,4 D.
Los "nuevos" transgénicos y otras nuevas tecnologías desnudan además que el único objetivo en el desarrollo de estas semillas es y será el control corporativo de la agricultura, las semillas y los agricultores -sin importar por supuesto las consecuencias que sobre la salud y el ambiente produce el brutal envenenamiento planetario.
Veamos a continuación los "avances" que las grandes corporaciones se traen entre manos:
Los cultivos Clearfield
En este caso la empresa BASF sale al cruce de las críticas que desde amplios sectores de la sociedad se hacen a los transgénicos para ofrecer más de lo mismo: un cultivo resistente a herbicidas desarrollado por otra tecnología diferente a la transgénesis al que han denominado Clearfield ("campo claro", "campo desnudo").
Esta tecnología consiste en el desarrollo de un cultivo resistente a un herbicida sin la introducción de un gen de una especie distinta y por esa razón es promocionada por BASF alegando que su semilla no es transgénica. El cultivo se formula a partir de un supuesto mejoramiento tradicional que en algunos casos incluye la utilización de mutagénesis químicamente inducida.
Sin embargo y tal como lo plantea claramente RAP-AL Uruguay (2) los cultivos Clearfield "implican prácticamente los mismos peligros ambientales que los cultivos transgénicos, además de los característicos de todo monocultivo a gran escala". Tal como ya lo hemos planteado en otro documento de GRAIN (3) "la mutagénesis produce plantas con todo tipo de cambios morfológicos y una multiplicidad de cambios genéticos, pero como esta tecnología no introduce nuevos genes escapa a regulaciones y a convenciones internacionales".
Todos los cultivos Clearfield son resistentes a herbicidas del grupo de las imidazolinonas; BASF proporciona el herbicida o mezcla de herbicidas correspondiente a la semilla adquirida dentro del mismo paquete tecnológico.
BASF ha desarrollado maíz, arroz y girasol Clearfield y los herbicidas son mezclas en distintos porcentajes de herbicidas del grupo de las imidazolinonas. Por ejemplo el producto OnDuty es una mezcla de 52.5% de imizapic y 17.5% de imizapir.
Los herbicidas de este grupo son considerados de "baja toxicidad" para humanos y animales, aunque la misma empresa los considera "ligeramente tóxico para las abejas". Y por supuesto si uno lee detenidamente el marbete de los herbicidas de este grupo (4) se encuentran las advertencias que demuestran que su baja toxicidad no va más allá de las declaraciones propagandísticas de la empresa. Por otro lado algo que caracteriza a este grupo de herbicidas es la persistencia en los terrenos, por lo que la contaminación de los mismos queda asegurada por largos periodos.
Cultivos resistentes a dicamba
Durante los últimos meses el vicepresidente de Monsanto, Robert Fraley, ha estado reiteradas veces en Argentina anunciando los nuevos productos para la próxima década de la mayor corporación de los transgénicos del planeta. Entre los más destacados se cuenta la soja resistente al dicamba (5) que promete sustituir a la soja rr cuando la misma se vuelva obsoleta ante el avance de las malezas resistentes al glifosato.
El anuncio era también una alerta sobre el hecho de que cuando la soja resistente al dicamba salga al mercado Monsanto retirará toda la soja resistente al glifosato dejando únicamente la nueva soja.
Cada exposición de Fraley concluyó con una demanda suya por seguridad jurídica, que en términos reales significa exigir que Argentina modifique su legislación para permitir que Monsanto tenga mayor control sobre las semillas comercializadas en el país y que se termine con el derecho al uso propio que consagra la actual legislación. Esta exigencia se ve ahora reforzada con el anuncio de Monsanto de invertir en Brasil para desarrollar una nueva soja transgénica que no se comercializará en Argentina ni Uruguay "debido a que Monsanto no firmó aún con esos países acuerdos sobre la propiedad intelectual" (6).
Cultivos resistentes a 2,4 D
El anuncio más reciente es de Dow Agrosciences, que a fines de agosto prometió que para 2012 tendría en el mercado un maíz resistente al herbicida 2,4 D (2,4 diclorofenoxiacético) conjuntamente con la característica Bt (7). Partiendo de asumir el surgimiento de malezas resistentes al glifosato, Dow sale al mercado a ofrecernos esta "alternativa": regar nuestros campos con el tristemente célebre componente del Agente Naranja.
El 2,4 D forma parte de la historia del horror de la humanidad porque fue usado por el ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam provocando muerte y gravísimos problemas de salud a millones de personas como componente del Agente Naranja.
Si bien los gravísimos problemas causados en Vietnam son atribuidos a la presencia "accidental" como subproducto de dioxinas en el Agente Naranja, el 2,4D ha quedado para siempre ligado a las malformaciones y cánceres que provocó en las poblaciones afectadas. Siempre se debe tener presente que la fabricación del 2,4D está inevitablemente ligada a la producción de dioxinas.
El efecto tóxico del 2,4D no se debe exclusivamente a sus "impurezas" ya que en su empleo como herbicida en los arrozales se le vincula claramente a problemas de salud tales como diabetes transitoria, ataques a hígado y riñones, desequilibrio hormonal, fiebres intermitentes, abortos, hipertensión y, principalmente, cáncer de todo tipo (8). De cualquier manera es muy claro que las "impurezas" pueden aparecer nuevamente en los productos comerciales; mucho más cuando su fabricación en las últimas décadas se ha transferido a los países del sur (Argentina es el segundo productor mundial).
Los herbicidas en detalle
Imidazolinonas: son de aplicación temprana pre y post emergente y su mecanismo de acción se basa en inhibir la enzima acetohidroxisintetasa.
Dicamba: es el nombre del compuesto ácido 3,6-dicloro-2-metoxi benzoico que es usado para controlar malezas de hojas anchas anuales y perennes. Su mecanismo de acción se basa en actuar como hormona de crecimiento en plantas. También es considerado de "baja toxicidad" pero de alta residualidad en los terrenos donde se aplica.
El 2,4 D es también un herbicida de tipo hormonal y se le considera "moderadamente tóxico". Se utiliza en el control de malezas de hoja ancha. Su permanencia en los suelos es alta y es muy fácil que contamine cursos de agua adyacentes a las zonas de aplicación.
Las nuevas alianzas corporativas
Por si no fuera suficiente lo que cada una de estas corporaciones se trae por separado, hay varias alianzas entre ellas para el desarrollo de otros productos. El panorama de lo que se traen entre manos es escalofriante.
Monsanto y Syngenta anunciaron hace unos meses (9) una alianza para el desarrollo de cultivos de alto rendimiento resistentes a condiciones ambientales adversas tales como la sequía. No se puede desconocer que Syngenta es uno de los mayores productores mundiales de dicamba y que seguramente la resistencia al mismo estará incluida en los nuevos productos que desarrollen.
Dupont y Nidera, lanzaron hace poco días el Finesse-sts: se le agregó a la soja resistente a glifosato un gen de resistencia a sulfoniureas, que habían quedado de lado durante la era del glifosato (10). Parece que ahora éstas vuelven a ser útiles y se pueden sumar al cóctel de agrotóxicos que se aplica a la soja.
Finalmente Dow Chemical, la mayor empresa química de Estados Unidos, y la gigante biotecnológica Monsanto anunciaron días atrás que planean crear conjuntamente la siguiente generación de semillas de maíz genéticamente modificadas. (11) Estas semillas SmartStax, que esperan introducir al mercado hacia el 2010, combinarán la resistencia a nada menos que ocho herbicidas diferentes con genes de protección contra insectos.
Esta última noticia no precisa de ningún comentario ya que las dimensiones de lo que plantean hablan por sí solas.
Los impactos y las verdaderas resistencias
El paquete tecnológico de semillas resistentes a herbicidas inaugurado con la soja RR ya ha dado ampliamente las pruebas de su impacto social, ambiental y sanitario. La expansión de los monocultivos, el incremento del uso de agrotóxicos, el surgimiento de nuevas malezas resistentes, la destrucción de áreas naturales por el avance de la frontera agrícola, la pérdida y desplazamiento de los cultivos locales y las semillas campesinas, el desplazamiento de campesinos de las zonas rurales, el avance de los transgénicos y el incremento del control de la agricultura por las grandes corporaciones agroalimentarias son sólo los títulos de un drama que día a día va profundizando la crisis socioambiental en aquellos territorios que han sufrido la invasión de las agroindustrias (12).
En este caso lo que queda muy claro es que todos estos productos multiplicarán de manera sustancial la aplicación de agrotóxicos en todas las regiones donde se imponga su cultivo. El ejemplo de Argentina, donde se pasó de usar 1 millón de litros de glifosato en la temporada 1991/1992 a 160 millones de litros en los años 2004/2005 en su forma comercial (12) es sólo una muestra de lo que estas empresas planifican para el futuro. La capacidad de estos herbicidas de permanecer por largo tiempo en los suelos agrava sobremanera los problemas que causarán.
Parece ser que la experiencia reciente con el impacto ya ampliamente demostrado de agrotóxicos como el DDT o el mismo 2,4D no ha servido para que se detengan las insaciables manos asesinas agroindustriales.
Por suerte, hoy son millones las personas conscientes que han decidido tomar cartas en el asunto para detener la "primavera silenciosa". Y por supuesto son las organizaciones campesinas -las que conviven día a día con los impactos de este modelo de agricultura- quienes están al frente de las luchas contra el modelo agroindustrial.
La lucha contra las fumigaciones, la resistencia a los monocultivos y los desiertos verdes, el rechazo a los derechos de propiedad intelectual y sobre la vida, la experimentación y puesta en práctica de modelos agroecológicos y sobre todo la formulación y construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos, son las herramientas más sólidas con las que nuestros pueblos cuentan hoy para defenderse de este embate.
NOTAS
1. Silvia Ribeiro, "Los dueños del planeta: corporaciones", http://www.jornada.unam.mx/2005/12/31/019a1eco.php, 31 de diciembre de 2005
2. RAP-AL, "Cultivos no-transgénicos resistentes a herbicidas. Una nueva 'solución' de la industria: tecnología Clearfield", 31 de diciembre de 2005, http://tinyurl.com/2v3gtd (PDF).
3. GRAIN, "Swapping Striga for patents", Seedling, octubre 2006, http://www.grain.org/seedling/?id=440.
4. BASF, "El sistema de producción Clearfield", http://www.agro.BASF.com.ar/clearfield/clearfield.htm
5. Fabiana Monti, "La biotecnología dominó la siembra de la última década. El número dos de Monsanto adelantó los eventos de segunda generación", 26 de agosto de 2007, http://tinyurl.com/36rlar.
6. AFP, Sao Paulo, Brasil, "Monsanto invierte $ 28 millones en nueva soja transgénica en Brasil", 5 de septiembre de 2007, http://tinyurl.com/32doum.
7. "Dow AgroSciences prometió un maíz Bt con tolerancia a 2,4-D para el año 2012", 28 de agosto de 2007, http://tinyurl.com/324lxw.
8. Sebastião Pinheiro, "El infierno del 2,4-D. De la guerra de Vietnam a la agricultura de guerra", RAP-AL, 29 de marzo de 2004, http://webs.chasque.net/~rapaluy1/24D/24D.htm,.
9. Boletín de prensa: "BASF and Monsanto Announce r&d and Commercialization Collaboration Agreement in Plant Biotechnology", 21 de marzo de 2007, http://monsanto.mediaroom.com/index.php?s=43&item=470
10. Héctor Huergo, "Llega una nueva ola de tecnología para el agro", El país, 13 de septiembre de 2007, http://www.clarin.com/diario/2007/09/13/elpais/p-01701.htm.
11. Reuters, "Dow Chemical y Monsanto firman acuerdo para nuevas semillas maíz", 14 de septiembre de 2007, http://tinyurl.com/3cw2a3.
12. Miguel Altieri y Walter Pengue, "La soja transgénica en América Latina: una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica", 21 de abril de 2006, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/23297.
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Perdiendo el bosque entre tanto árbol: Monocultivos forestales y el boom de los agrocombustibles
Carmelo Ruiz Marrero*
El uso de árboles para hacer combustible como parte del boom de los agrocombustibles significa el cultivo de plantaciones masivas de monocultivo de árboles. Ya existen en Chile, Uruguay y Brasil para suplir madera al igual que pulpa de papel, y por su destrucción de la biodiversidad este modelo ha encontrado la oposición de grupos de sociedad civil y pueblos indígenas, cuyo sustento está en juego.
La lignina, sustancia que da firmeza a plantas y árboles, es uno de los mayores obstáculos a la extracción de celulosa, un proceso necesario para su transformación en combustible. La remoción de lignina siempre ha sido un reto para las compañías papeleras, que usan la madera como materia prima. Usualmente lo hacen aplicando sustancias tóxicas y altamente contaminantes a la madera. La lignina, que constituye entre un cuarto y un tercio de la masa seca de la madera, solo puede ser descompuesta por ciertas especies de bacteria y hongo.
No sorprende que los entusiastas de los agrocombustibles celulósicos y la compañías papeleras estén invirtiendo en árboles genéticamente modificados para tener menos lignina. La corporación estadounidense ArborGen es el líder indiscutible en el desarrollo de árboles transgénicos. En agosto de 2007 compró los viveros de cuatro de sus competidores, convirtiéndose así en la mayor compañía de plántulas de árboles del mundo, con operaciones en localidades tan diversas como Nueva Zelanda y Brasil.
"La energía renovable puede crear nuevos mercados para productos verdes", dijo la Dra. Barbara Wells, presidenta y oficial ejecutiva de ArborGen. "La combinación de estos negocios es muy emocionante, ya que une otras organizaciones que son líderes reconocidos en la industria y representan el mejor peritaje en crianza, genética, producción de plántulas, ventas y distribución para crear una compañía de mejoramiento de árboles única, totalmente integrada y de servicio completo."
ArborGen es uno de los socios del BioEnergy Science Center, un proyecto de $125 millones financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos y dirigido por el Laboratorio Nacional de Oak Ridge para convertir biomasa lignocelulósica en combustible.
Desde 2007 Arborgen ha sido parte de un consorcio que está secuenciando el genoma del eucalipto. Los socios latinoamericanos de este esfuerzo incluyen la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (EMBRAPA), la Universidad Católica de Brasilia, y la Red Brasileña de Investigación del Genoma del Eucalipto, también conocida como el proyecto Genolyptus.
"El secuenciar el genoma del eucalipto nos ayudará a vencer muchos de los mayores obstáculos para lograr un futuro de energía sustentable", dijo el investigador surafricano Alexander Myburg. "Enterrado en esta información está el mapa de los circuitos moleculares para crecimiento y adaptación superiores en plantas con madera que pueden ser optimizadas para la producción de biomasa."
"Este monumental proyecto hará posible mejores estrategias de crianza para materia fuente de etanol celulósico y contribuir a mejoras ambientalmente sanas en la productividad de la industria global de forestería", dijo Maud Hinchee, principal oficial técnico de ArborGen. "Este esfuerzo nos ayudará a adelantar nuestras metas de producir biomasa renovable de alto valor a partir de una huella ecológica más pequeña."
Actualmente Arborgen está realizando en Brasil pruebas de campo de árboles transgénicos con lignina reducida. Según el Movimiento Mundial por los Bosques, la compañía estableció operaciones en Campinas, en el estado de Sao Paulo, en 2004 y al año siguiente empezó sus pruebas de árboles transgénicos en el país. En 2007 ArborGen obtuvo aprobación de la autoridad reglamentadora brasileña (CTN-Bio) para llevar a cabo una segunda prueba rotación completa con eucaliptos transgénicos. La compañía espera obtener autorización para la producción comercial.
"La información obtenida de estas pruebas se usará para obtener la autorización necesaria para uso comercial", dijo Fabio Brun, director de ArborGen para Suramérica, a RISI, página web de la industria forestal en mayo de 2007. La compañía trabaja en asociación con "algunas de las mayores compañías de productos forestales en la región", según RISI.
Más potenciales "desiertos verdes"
El uso de árboles para hacer combustible como parte del boom de los agrocombustibles significa el cultivo de plantaciones masivas de monocultivo de árboles. Ya existen en Chile, Uruguay y Brasil para suplir madera al igual que pulpa de papel, y por su destrucción de la biodiversidad este modelo ha encontrado la oposición de grupos de sociedad civil y pueblos indígenas, cuyo sustento está en juego.
La Red Latinoamericana Contra Monocultivos de Arboles (RECOMA) informa que áreas extensas de bosque nativo en Chile y las regiones de la Mata Atlántica y el Cerrado en Brasil han sido destruidas por plantaciones de monocultivo de árboles, al igual que en otros países donde se han establecido para la producción de madera, celulosa o aceite de palma. La Red señala que estas plantaciones están también destruyendo praderas en Uruguay, Argentina y el sur de Brasil.
Los críticos sostienen que los monocultivos también agotan los recursos de agua, desplazan comunidades rurales e indígenas, drenan fondos públicos y perjudican las economías locales.
En todos los países donde se han implantado estos monocultivos, las consecuencias han sido las mismas: mayor riqueza y poder para unas pocas empresas nacionales y extranjeras y mayor pobreza para las comunidades locales", declaró RECOMA. "La oposición a este modelo social y ambientalmente nefasto está creciendo a nivel local, nacional y regional."
A continuación, dice "Sin embargo pareciera que en la mayoría de nuestros países se hace oídos sordos a los reclamos de la gente y se continúan promoviendo políticas que están agravando aun más las situaciones descritas arriba y que incrementarían las áreas de 'desiertos verdes'... los agrocombustibles son ejemplos de estas falsas soluciones que ya se están implementando en nuestros países. A ello se suma el peligro de los planes para la liberación de árboles transgénicos, que en nuestra región ya están siendo genéticamente manipulados en laboratorios en Chile y Brasil."
¿El bosque biotecnológico del futuro?
Los árboles con menos lignina (y mayor contenido de celulosa) estarían más expuestos a las pestes, probablemente aumentaría su caída ante fuertes vientos, y la descomposición de su madera sería más rápida, alterando la composición del suelo y liberando CO2 con mayor rapidez, contribuyendo de esta manera al cambio climático", declaró un grupo internacional de ambientalistas en una carta abierta a la Convención de Biodiversidad de la ONU en 2006. "La madera descompuesta de los bosques provee un habitat esencial para una gran diversidad de flora y fauna. Alterar los niveles de descomposición tendría un efecto grave en poblaciones de especies, cuya consecuencia aún no ha sido estudiada."
Uno de los más serios problemas que ven con los árboles transgénicos es que regarán sus semillas y polen y se proliferarán sin control, un fenómeno conocido como contaminación genética. "Esta contaminación es particularmente peligrosa en el caso del árbol más extensamente utilizado en plantaciones-el eucalipto-cuyas muchas especies tienen la capacidad de hibridarse y pueden, por lo tanto, ser fácilmente polinizados por eucaliptos GM", dice la carta abierta. "También existe el mismo peligro en el caso de otras especies, tales como los pinos, álamos y acacias. En China, el único país en que los árboles GM han sido plantados a escala comercial, la contaminación de los álamos nativos ya ha sido documentada."
La industria ha propuesto el uso de la llamada tecnología genética de de restricción de uso para atender el problema de la contaminación genética, ya sea en árboles o cultivos transgénicos. Esta tecnología, apodada Terminator por sus críticos, produciría plantas que no se pueden reproducir. Organizaciones de sociedad civil advierten que esta es una solución falsa para el problema de contaminación genética y que implica riesgos sociales y ecológicos inaceptables. La ONU ha impuesto una moratoria sobre la tecnología Terminator, muy a pesar de la industria biotecnológica.
Brasil: Mujeres toman acción contra los monocultivos forestales
Durante las reuniones de la Convención de Biodiversidad y el Protocolo de Bioseguridad en Curitiba, Brasil, en marzo de 2006, mujeres de Vía Campesina celebraron el Día Internacional de la Mujer destruyendo un laboratorio y un vivero de pinos clonados de la corporación Aracruz en protesta contra la invasión de plantaciones de árboles.
Dos años después, alrededor de 900 mujeres de Vía Campesina conmemoraron el Día Internacional de la Mujer ocupando Fazenda Tarumã, una plantación de 2,100 hectáreas propiedad de la compañía sueco-finlandesa de papel y celulosa Stora Enso, en el estado sureño de Rio Grande do Sul, cerca de la frontera con Uruguay. Las mujeres denunciaron la expansión destructiva de monocultivos de árboles y la ilegalidad de la operación de la compañía, ya que la ley brasileña prohibe que extranjeros posean tierras a 150 kilómetros de la frontera o menos. Exigieron que el gobierno expropie la plantación y la entregue al programa de reforma agraria.
El gobierno estatal respondió desplazando una brigada militar para desalojar violentamente las mujeres, hiriendo a alrededor de 50 de ellas. Muchas de las manifestantes fueron encarceladas y se les negó acceso a la prensa o abogados de defensa.
*Versión original: Losing the Forest for the Trees: Tree Monocultures and the Biofuel Boom
Traducción por: Carmelo Ruiz Marrero
Programa de las Américas
Carmelo Ruiz-Marrero es un periodista ambiental independiente y analista ambiental del Programa de las Américas del CIP (www.ircamericas.org), un becado (fellow) del Oakland Institute y (senior fellow) del Environmental Leadership Program, además de fundador y director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (bioseguridad.blogspot.com). Su página web bilingue (carmeloruiz.blogspot.com) está dedicada a asuntos globales de ambiente y desarrollo.
Publicado por el Programa de las Américas. Todos los derechos reservados.
Cita recomendada:
Carmelo Ruiz Marrero, "Perdiendo el bosque entre tanto árbol: Monocultivos forestales y el boom de los agrocombustibles," Programa de las Américas Reporte (Washington, DC: Center for International Policy, 20 de mayo de 2008).
Ubicación en Internet:
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Información de producción:
Escritor: Carmelo Ruiz Marrero
Traduccion: Carmelo Ruiz Marrero
Editor: Laura Carlsen
Producción y diseño: Chellee Chase-Saiz
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