[Pensamientoautonomo] FW: Dos documentos para pensar y hace…

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Author: patricio enrique mc cabe
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To: pensamientoautonomo
Subject: [Pensamientoautonomo] FW: Dos documentos para pensar y hacer política...

Hola, compagni, aca les facilito un documento y llamado a plenario del grupo universitario en el que milito. Entendemos que los problemas aqui planteados son comunes a otros grupos por eso la difusion. De paso les pregunto donde hacemos la proxima y cuentenme si ya resolvieron el problema "del campo" en la ultima reunion. un abrazo para todos.

Pd: Espèro adivinen en cual documento me siento representado.


Date: Tue, 22 Apr 2008 00:07:02 -0300From: repossi.mariano@???: repossi.mariano@???: Dos documentos para pensar y hacer política...
Por favor, socializar...








Dos documentos
para pensar y hacer política




El colectivo Más Que un Nombre (MQN) deja de existir tal como existía y pasa a convertirse en otra cosa. Entendemos que los problemas que nos llevan a trazar delimitaciones políticas y nuevas formas de coordinación militante no son problemas particulares de un grupo, sino problemas bastante más generales que trascienden a muchos espacios políticos colectivos. Con estos dos documentos queremos dejar constancia de esos problemas y delimitaciones y convocar a un plenario en el que distintas expresiones de la militancia política, interpeladas por la cuádruple problemática que esbozaremos, discutamos su aporte en dirección a la pregunta universal ¿cómo seguimos militando? o, dicho de un modo más clásico, ¿qué hacer?





Convocamos a un plenario de discusión
el sábado 24 de mayo a las 13 hs.
en el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA (Puán 480)






Primer documento




Las segundas opciones que surgen en cada uno de los cuatro problemas que se plantean a continuación son las que sostenemos, quienes firmamos este documento, como principios básicos para la teoría y la acción militantes.


Primer problema:
Caracterización de los procesos en América Latina

La crisis del «modelo» de la década de los '90 estuvo vinculada, además de a la propia dinámica de la acumulación capitalista, a una serie de «movimientos sociales» más o menos novedosos. Apareció entonces un paisaje homogéneo (esto es, con más semejanzas que diferencias) compuesto por varios gobiernos latinoamericanos. Nos referimos a los gobiernos encabezados por Lula Da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner (y agreguemos a Néstor Kirchner) en Argentina. 
            Ante las relaciones entre el capitalismo, los trabajadores, los movimientos sociales y los gobiernos mencionados existen someramente taxonomizadas dos caracterizaciones divergentes: la que considera que estos gobiernos son la expresión progresiva del movimiento obrero y de los movimientos sociales en su lucha contra el sistema capitalista, y la que considera que estos gobiernos, siendo en alguna medida expresión de la resistencia de los trabajadores, son fundamentalmente el instrumento del sistema capitalista para contener y desactivar la lucha anticapitalista. En síntesis, la que considera que estos gobiernos son potencialmente progresivos y la que considera que son invariablemente conservadores, garantes del orden social existente, en fin, regresivos. Cabe señalar que, para algunos, los gobiernos de Chávez, Morales y Correa son nacionalismos radicales, variantes anti-imperialistas, mientras que el resto son meras expresiones socialdemócratas. Por supuesto, el mayor o menor grado de reformismo de estos gobiernos ni exime de su carácter profundo ni implica la adhesión a ellos.



Segundo problema:
Relación con esos gobiernos en particular y con el Estado en general

Del esquema anterior se deriva, a escala nacional, el tipo de relación considerado adecuado para con el Estado y el oficialismo. De la caracterización del gobierno como «progresivo» se deriva una relación de acercamiento al Estado, de reelaboración de la estrategia anticapitalista de acuerdo con las nuevas –y presuntamente mejores– condiciones para la lucha: el gobierno de los Kirchner sería manifestación del avance del movimiento obrero y de los movimientos sociales en Argentina, por lo que ahora convendría aprovechar la coyuntura para realizar alianzas tácticas con sectores de la burguesía, votar candidatos irreductiblemente burgueses, insertar cuadros militantes en el aparato de estado, aceptar recursos materiales ofertados bajo la forma de subsidios y subvenciones estatales, intervenir activamente en la discusión por el régimen de «distribución de la riqueza», etc. En cambio, de la caracterización del gobierno como garante del orden capitalista se deriva una relación de antagonismo con el Estado y el gobierno de turno, sostenida en la oposición entre Capital y Trabajo, que mantenga la estrategia de lucha anticapitalista de acuerdo con la continuidad de las condiciones de dominación: el aparato de Estado y los gobiernos acaecidos desde el 2002 hasta la fecha no han hecho más que cooptar tanto a la mayoría de los movimientos sociales como a amplios sectores del movimiento obrero organizado e intelectuales de todo tipo, y acentuar el reflujo, el debilitamiento, la fragmentación y el repliegue de esos movimientos.
En síntesis, mientras que la primera caracterización tiende a distinguir no sólo entre Estado y gobierno de turno sino entre gobiernos burgueses «neoliberales» y progresistas, la segunda caracterización tiende a identificar Estado y gobiernos.


Tercer problema:
La militancia universitaria

Estos posicionamientos que esquematizamos se expresan también en el seno de la universidad. Si bien no se manifiestan mayores divergencias en los momentos de «alza» de un conflicto, cuando el movimiento se dota de su propia organización y plebiscita sus decisiones en asamblea, en los momentos de reflujo recrudecen las diferentes valoraciones.
De una parte, quienes enfatizan la disyunción entre la institución y sus gestiones de turno, consideran que una vez retirado el movimiento se pueden negociar pactos con las distintas fracciones que, aún vinculadas a la institución, mostrarían posiciones favorables a los procesos de movilización. Desde este punto de vista no sólo la institución sería un terreno legítimo de intervención sino que además sería válido establecer alianzas con los sectores acomodados en su dirección, independientemente de que exista o no actividad autónoma en las instancias de base.
De otra parte, en cambio, quienes acentúan la conjunción entre institución y gestiones ven en ésta un aparato de cooptación de las iniciativas autónomas y, por ello, tratan de preservar la independencia de clase de los movimientos (independencia de los objetivos que se proponen, de la forma de tomar decisiones, de la relación que establecen con otros sectores, etc.). En la medida en que los movimientos refluyen y la autonomía pierde vigor, el grupo de activistas que permanece sigue sosteniendo las reivindicaciones anticapitalistas, se aleja de las negociaciones con la conducción de turno y vuelve «al llano» a vincularse nuevamente con los sectores que manifiesten alguna iniciativa autónoma.
Dado que habitualmente el sector estudiantil mantiene formas de actividad que permiten la consulta con sectores más amplios, las diferencias entre las dos perspectivas políticas aparecen con mayor nitidez en los sectores de graduados y de profesores porque éstos son fuertemente corporativos y se encuentran históricamente desmovilizados, con predominio de las relaciones clientelares y el beneficio del gobierno de los claustros, que no casualmente les asigna una porción significativa de poder.
Todo lo cual deriva en divergentes formas de asumir la representación electoral. Mientras unos otorgan una validez mayor al veredicto de las urnas, ejerciendo la representación aún en los casos en que los representados se nieguen a pronunciarse y nuevamente en alianzas tácticas con quienes representan en la universidad el mantenimiento de su estructura, otros consideran que deben atenuarse al máximo las formas de representación y el acercamiento a las gestiones universitarias, juzgando que no se debe ejercer el mandato electoral si los representados no se pronuncian, ni se debe co-gestionar para una estructura que se pretende eliminar/superar.


Cuarto problema:
La organización política

La izquierda ganó la FUBA en virtud de la efervescencia que dejó el 2001. Al perder en 2007 la Facultad de Ingeniería, entre otros resultados electorales adversos, la izquierda pierde la junta representativa (donde cada centro tiene un voto) y con ello se cierra, aun sin «perder» la conducción de la FUBA, una etapa signada por el desgaste en una gestión que no fue más eficaz que la ejercida por las fuerzas anteriores. «Nuestros militantes entran a hacer la revolución y terminan sacando fotocopias» es el estribillo off the record de la desazón partidaria. Hoy, tres tendencias distribuyen los alineamientos políticos de la militancia universitaria: 1) los que quizá sean futuros dueños de la FUBA, que agrupan a diversas vertientes de la ex Franja Morada y grupos de centro izquierda (algunos de los cuales están explícitamente a favor del oficialismo); 2) la izquierda partidaria, en proceso de dispersión auto-referencial; 3) un compuesto heterogéneo de independientes de izquierda, que incluye las dos perspectivas divergentes que venimos esquematizando. La divergencia que agregamos ahora se refiere a la organización partidaria.
            La primera de estas perspectivas se organiza en estructuras que tienden a constituirse en la «forma partido»: una sede central que opera el comando de las acciones y una periferia de «frentes» en los que esas acciones se llevan adelante. Las decisiones se toman en base a la dinámica del centralismo democrático (hacia el interior de la organización se discute todo, pero hacia el exterior se sale a golpear «con un solo puño»), por lo que siempre existe una única línea, que puede variar con el tiempo pero sin dejar de ser una: se trata de una dirección. Para el caso que estamos oponiendo, dicha forma de organización tiene estas características de la «forma partido» pero sin los principios de clase, aunque sean abstractos, de los partidos clásicos de izquierda.
Por su parte, la segunda perspectiva se organiza en una tensión entre lo local-específico y lo global-universal, sin un centro permanentemente definido, articulando las determinaciones de cada situación con la lucha anticapitalista y creando instancias de coordinación a partir de las diferencias locales. Esta dispersión impide la unicidad previa de las líneas políticas, que en cambio a lo sumo llegan a coordinarse cuando prácticas concretas así lo requieren: se conjura toda dirección. Se privilegian los procesos por sobre los resultados, haciendo hincapié en el tipo de relaciones que se construyen. El énfasis puesto en la forma de organización y trabajo por sobre el rendimiento también condiciona la organización: sólo la horizontalidad y el consenso permiten una reflexión profunda y cualitativa de los procesos, aunque imponen tiempos largos, a menudo contraproducentes en el contexto de la temporalidad estatal; por otro lado, desde esta perspectiva no se busca «ganar» militantes, porque se valoran las iniciativas de los sujetos que deciden por sí solos integrar procesos de activación y militancia con autonomía de clase.
            Otro elemento distintivo entre ambas perspectivas es el modo de financiamiento. Mientras que la primera perspectiva considera legítimo que algunos compañeros paguen una renta a otros para «liberarlos» del trabajo asalariado y permitirles desarrollar una militancia full time, la segunda perspectiva considera que la venta de la propia fuerza de trabajo es importante para la militancia anticapitalista. Mientras los primeros destacan los resultados logrados para «el movimiento» por los compañeros «liberados», los segundos señalan allí un proceso de profesionalización de la política que trae efectos nocivos para la lucha anticapitalista. De una parte, énfasis en los beneficios que quienes se dedican a «la política» obtienen para quienes se dedican al tabajo asalariado; de otra, énfasis en los perjuicios que genera la división entre «los que piensan y deciden» y los que trabajan.



¿Qué hacer?

El esquema que aquí ponemos a discusión puede ser pensado a la inversa, más allá de que estemos o no de acuerdo con esta manera de pensar la praxis política: en vez de partir de un concepto abstracto y universal y derivar de allí las prácticas concretas y particulares, se puede pensar a partir de la práctica cotidiana el tipo de concepción de la política subyacente. Toda práctica concreta lleva el germen de su proyección nacional e internacional.


Quienes firmamos este documento sostenemos que las segundas opciones que surgieron en cada uno de los cuatro problemas planteados son las que, funcionando como principios básicos para la teoría y la acción militantes, constituyen prácticas anticapitalistas sin ninguna posibilidad de conciliación de clases.


Viernes 11 de abril de 2008.


Rosaura Benedetti, Gastón Falconi, Eduardo Glavich, Facundo Martín,
Patricio McCabe, Leandro Morgenfeld, Florencio Noceti,
Juan Pablo Parra, Gimena Perret, Mariano Repossi.












Segundo documento




"Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra."

CGT de la Argentinos - Programa del 1º de Mayo de 1968.


Escribiendo estas líneas sobre los ejes acordados, se suscitan los conocidos hechos del "sector del campo"; más precisamente, un lock-out patronal que nos coloca en un nuevo escenario político y que, consideramos, es preciso desbrozar.
Conducido por los sectores más retrógrados de la oligarquía terrateniente –la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas–, el lock-out fue lanzado inicialmente por los productores agrarios medianos y pequeños, nucleados en la Federación Agraria, quienes pusieron el cuerpo y los tractores en las rutas argentinas. Pero fue sin duda el sector más concentrado del campo quien le dio programa y conducción política a la medida. Al mismo tiempo, dicha acción atrajo la simpatía de algunos sectores de clase media, quienes salieron a batir sus cacerolas en favor del mismo sector que fuera el conductor del proceso contra el cual ellas habían "caceroleado" en aquel diciembre de 2001.
Con el lock-out, los cortes de ruta y las amenazas de desabastecimiento de alimentos, la oligarquía terrateniente y la representación del capital financiero en el campo se propuso no tanto lograr un recorte en las retenciones sino, fundamentalmente, avanzar en el terreno de las ideas, en el terreno ideológico, procurando imprimir en todas las capas sociales un estado de ánimo que propicie el desbancamiento, en el 2011 o antes, de un gobierno que expresa a una alianza social conformada por los monopolios industriales (quienes la conducen), junto al grueso del movimiento obrero y con un amplio apoyo en la población en general.
Este grupo de estudiantes y graduados de Historia y Letras, que venimos militando desde hace años con sectores del movimiento obrero y movimientos sociales, que nos nucleamos en la Casa del Canillita de Morón, nos posicionamos categóricamente en contra del lock-out patronal, entendiendo que se trata de la expresión nacional de la política de los sectores más concentrados a nivel nacional, quienes dominaron la Argentina en varias oportunidades (en 1976 por la fuerza militar), que defienden el libre mercado y la apertura económica, ejes de la política que viene intentando imponer EE.UU. en América Latina, así como en otras partes del globo.

1- América Latina
América Latina en la década del noventa estuvo signada por las políticas del llamado "neoliberalismo". Dejando de lado los debates en torno a esta expresión, lo cierto es que la región se caracterizó por seguir los lineamientos del Consenso de Washington. Si bien no hubo homogeneidad absoluta en todos los procesos locales, la apertura de la economía, la flexibilización laboral, el "ajuste" del Estado, la privatización de empresas estatales de servicios públicos, el endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito, la concesión al capital privado local y extranjero de la explotación de recursos naturales estratégicos, la inversión extranjera directa, y el intento de destrabar las fronteras nacionales en pos de privilegiar mecanismos de libre comercio (NAFTA, ALCA, MERCOSUR, por ejemplo), fueron algunos de los síntomas del "modelo de los '90". A fines de la década del '80 y comienzos de los '90, la correlación de fuerzas a nivel mundial permitió una reconfiguración de las fuerzas sociales en América Latina, accediendo a los gobiernos de los estados alianzas conducidas por los sectores de capital más concentrado a escala local en conjunto con expresiones del capital financiero internacional. Quizás el rasgo distintivo con las experiencias dictatoriales de los '70 y '80 (apoyadas por esos mismos sectores), lo constituyó el hecho de haberse impuesto por mecanismos de consenso y habiendo integrado a amplios sectores populares a las mismas. Incluso, como en Argentina, utilizando estructuras partidarias como el PJ, otrora al servicio de proyectos "nacionales", con políticas mercadointernistas, de fuerte intervención del Estado y de distribución de la riqueza.
La crisis del "modelo" de los '90 hizo eclosión mediante fenómenos económicos, políticos y sociales que, luego de tal manifestación, permiten observar un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel regional. No podemos caracterizar de la misma manera el gobierno de Evo Morales que el de Sánchez de Losada; el de Hugo Chávez que los de Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera; el de Rafael Correa que los de Abdalá Bucaram o Gustavo Noboa; ni tampoco al de Néstor Kirchner con el de Menem o De la Rua. Incluso el de Lula con el de Fernando Henrique Cardozo. No se trata que unos sean más buenos que otros, o "más progres", o tengan –o hayan tenido antes de asumir– relaciones "más genuinas" con movimientos sociales, sindicatos o "sectores populares", sino que las políticas que implementan evidencian un cambio en las relaciones de fuerzas sociales en cada espacio-nación, es decir, expresan que el gobierno del Estado está conducido por una alianza social diferente a la que lo conducía en los '90. En algunos casos, con estrategias de cambio más profundo y como expresión más directa de fracciones de clases oprimidas en la conducción de esas alianzas; en otros, con clara dirección de fracciones burguesas, en las cuales muchos de sus integrantes también fueron parte de las alianzas que condujeron en la década anterior la región.
Pero que un gobernante hable de socialismo del siglo XXI (con todos los matices y discusiones que esto pueda implicar) planteando nuevamente la necesidad de la construcción y superación de las relaciones capitalistas luego de que la caída del Muro y el "neoliberalismo" las habían casi enterrado en América Latina, y que haya puesto nuevamente al imperialismo norteamericano como uno de los problemas que afectan a la región; o que un dirigente de movimientos campesinos de origen Aymará sea presidente de Bolivia y nacionalice los –históricamente saqueados– recursos naturales de ese país; o que otros gobiernos como el de Ecuador estén planteando la nacionalización del petróleo (políticas, éstas últimas, contrarias a las diseñadas por el Consenso de Washington aludido anteriormente); o que gobiernos como el Kirchner y Lula hayan tenido un rol esencial en la no imposición del ALCA por parte de EE.UU., redireccionando las estrategias de integración regional, y que hayan cortado vínculos con algunos organismos multilaterales de crédito, y –en el caso de Argentina– vuelvan a introducir mecanismos de retención de renta diferencial para con los grupos más concentrados del agro, hacen que la región se encuentre en una situación diferente a la de la década anterior.
Dicha situación genera pisos y condiciones políticas diferentes a la hora de luchar. A modo de ejemplo: ya no se tiene el ALCA como horizonte único de integración en la región, si bien el MERCOSUR está claramente dominado por los intereses de fracciones de las clases dominantes de los países que lo componen, sirvió –en conjunto con otras luchas sociales masivas– como instrumento de cohesión regional para enfrentar la hegemonía norteamericana en los marcos de las cumbres y la diplomacia. La lucha contra el ALCA –y su momentánea derrota– sirvió para plantearse el problema de la integración regional: al servició de quién, para qué, cómo, etc. Quizás al interior del MERCOSUR se reproducen los mismos problemas de asimetría que introducía el ALCA: los más grandes versus los más débiles, la pérdida de mercados en pos del más competitivo, la integración real más como deseo que como realidad. ¿Pero qué piso nos pone en mejores condiciones para la organización y la lucha? ¿Las economías dolarizadas y manejadas por el capital financiero internacional, la entrada de productos producidos a bajo costo en industrias más competitivas, la quiebra definitiva de los pequeños y medianos capitales, la pérdida de mayores puestos de trabajo que lo que se había perdido en la década anterior? ¿O el escenario actual? ¿Qué situación nos permite sacar conclusiones de que tanto el escenario que proponía el ALCA (a partir de su experiencia real con el NAFTA y los perjuicios alertados para los TLC's que está intentado imponer EE.UU. como alternativa) como el que ofrece el MERCOSUR no dan respuestas a los problemas de las pueblos de la región? ¿Un escenario con la hegemonía norteamericana impuesta o el escenario actual?

2-Gobierno-Estado
En el marco de las relaciones sociales capitalistas el Estado ha adquirido una dimensión especial en torno a la lucha social. Dejando de lado discusiones mayores acerca del carácter del Estado y la inmensidad de libros publicados al respecto, decimos –a modo de breve aproximación– que el estado es a nuestro entender la expresión de las relaciones de fuerzas de una sociedad o, si se quiere, la dimensión por donde se expresa o desarrolla la lucha social en la sociedad contemporánea. No es que no existieron formas de estado previas a la sociedad capitalista, pero el carácter "privado" del poder político, las formas de acumulación sujetas a la coacción política, y la no igualdad jurídica de las diferentes clases sociales les asignaban un carácter distinto al Estado del que conocemos desde la modernidad en adelante. Esta apreciación está en pos de diferenciar Estado de Gobierno. El Gobierno no es lo mismo que es el Estado. Los gobiernos cambian constantemente, pueden diferir en sus políticas, en sus funcionarios y en las estrategias que están desarrollando (que son expresión del camino elegido por la fuerza social que expresa cada gobierno de turno). Así, el gobierno del estado es la expresión de una fuerza social (que se expresa a través de una alianza integrada por fracciones de distintas clases sociales) en lucha con otra/s fuerzas sociales habiéndose logrado imponer sobre el conjunto de la sociedad, es decir, siendo hegemónica.
Aunque no parezca o lo neguemos, en un sentido, con el Estado siempre estamos relacionados, seamos concientes o no de tal relación. Esto se afirma en que, si entendemos al Estado como dimensión del conflicto y/o de la lucha, en alguna u otra forma siempre somos parte de él, salvo que la lucha social de diera entre sujetos individuales en espacios aislados y cerrados y que la misma no tuviera incidencia sobre el conjunto de la sociedad. En definitiva, no se puede estar al margen de la lucha social, incluso los que dicen no participar de ellas ("yo me quedo en mi casa…no hago huelgas…, yo voy a trabajar…no quiero meterme en problemas, no me meto en política…") también son parte de los conflictos sociales y de toda la sociedad humana, jugando roles –no de privilegio- a veces muy importantes desde esa posición asumida supuestamente como neutral. Por ende, el estado nos atraviesa siempre.
En relación a los gobiernos, tener relación o no con ellos, en un sentido, quizá es algo más predecible y conciente de determinar, sobre todo a la hora de "hacer política". Aunque, en otro sentido, también siempre se está expuesto a las medidas políticas que tome y ejecute un gobierno, encontrándose, de alguna forma, "rodeado" por las políticas del gobierno, siendo esto positivo o negativo, depende de intereses, situaciones, momentos particulares. En el primero de los sentidos destacamos que esa relación o no con determinado gobierno de turno depende de la evaluación política que uno haga de la relación de fuerzas sociales. Uno puede decir "este gobierno expresa una mejor relación de fuerzas social que el gobierno anterior", "expresa la misma", "expresa una peor en pos de tal objetivo…", y ante ello posicionarse y hacer política de determinada manera. Y esto también tiene gradaciones: uno puede hacer una evaluación positiva de un gobierno en relación a la fuerza que expresa y actuar sobre ese piso de condiciones políticas que genera ese gobierno, uno puede evaluar lo mismo y ser parte del gobierno porque contribuye a mejorar ese piso, y se puede también ser parte de un gobierno porque se cree que el mismo expresa estrategias claras en pos de determinados intereses que uno defiende. Claro está que en los tres casos se pueden hacer las evaluaciones contrarias y no sólo no formar parte en ningún sentido, sino evaluarlas como negativas y estar en contra de cualquier medida de ese gobierno, incluso jugar en las fuerzas sociales opositoras a las que expresa ese gobierno del estado.
En esta dirección entendemos una evaluación del gobierno del Estado y de la fuerza social que expresa (y de quién conduce esa fuerza social), es indispensable para hacer política, sea del lado de la fuerza que se esté. En este sentido, la relación de fuerzas política ha cambiado desde el año 2003 en adelante, particularmente desde diciembre de 2001. Esto no la hace ni buena ni mala en sí misma, sino diferente, y justamente las condiciones políticas existentes para actuar difieren de las de la década anterior.
Así, consideramos que es mejor el piso de condiciones políticas existentes hoy día en Argentina para la construcción de alternativas anticapitalistas. Y ese piso de condiciones es expresión de la crisis de 2001 y de las políticas implementadas por la alianza social que conduce el gobierno del estado desde el 2003 en adelante. A modo de ejemplo –al igual que lo hicimos para la región– ¿es mejor que el movimiento obrero pelee con un 20 % de desocupación o que pelee con un 9 % de desocupación, más allá de que pelee sólo por el salario y no logre romper esa pelea corporativa? ¿Es mejor haber pasado por la eclosión de experiencias de organización social que la crisis de 2001 ofreció -más allá del resultado de todas esas experiencias de organización- o no?
Aclaramos por las dudas: el gobierno actual -al igual que el de Néstor Kirchner, 2003-2007,- expresa una alianza social conformada por los capitales industriales concentrados –monopolios–, quienes la conducen (la actual dirección de la UIA, ligada al grupo Techint, por ejemplo), por capitales medianos y pequeños también de la industria y del agro (estos últimos, los del agro, en el reciente conflicto actuaron en la otra fuerza social, la opositora al gobierno), e integradada también por el movimiento obrero organizado. La alianza cuenta, además, con gran apoyo en los sectores populares urbanos y rurales, expresado, entre otras instancias, por la composición del voto de las últimas elecciones nacionales. En los enfrentamientos recientes con "el campo", el problema acerca de qué partido tomar tiene que ver con esta evaluación de las condiciones políticas como resultado de la correlación de fuerzas sociales y de ver para dónde y por qué actúan los gobiernos que tienen, en este momento, la "conducción" del Estado.

3- La universidad
Este cambio en las relaciones de fuerza que se da a nivel latinoamericano y nacional tiene su forma de expresión específica en la educación en general y en el ámbito universitario en particular. La alianza social mencionada que se expresa en el gobierno del Estado desde el año 2003 ha desarrollado diferentes políticas para poner a funcionar el aparato educativo a su servicio. La nueva Ley Nacional de Educación es un ejemplo de ello. Siendo que se trata de una alianza conducida por los grupos industriales más concentrados, se entiende su interés por darle un nuevo empuje a las escuelas técnicas. La creciente recuperación de ciertas ramas de la industria puso sobre la mesa la necesidad de obtener mano de obra calificada para diferentes tareas; mano de obra que escaseaba en el país luego de los diez años de creciente desguace de la industria nacional y los altos niveles de desocupación.
            En este mismo sentido se entiende la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva, cuyo ministro Lino Barañao –así como la misma Presidenta– ha repetido en reiteradas ocasiones la necesidad de poner la ciencia al servicio del agregado de valor a la producción nacional. Asimismo, llama la atención –si lo comparamos con los '90– el creciente número de becas doctorales entregadas tanto por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET) como por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, en la búsqueda de doctores jóvenes que trabajen en el sentido antes mencionado. No se puede negar que se trata de políticas diferentes de aquellas del gobierno menemista, cuando Cavallo mandaba "a lavar los platos" a los científicos que reclamaban por una mayor promoción del desarrollo de la ciencia nacional.
            Como se observa, la tan mentada "autonomía universitaria" que rige desde 1818 las instituciones que brindan educación superior no implica que la institución universitaria esté al margen de las disputas protagonizadas las dos fuerzas sociales actualmente en pugna ni de las relaciones de fuerza parciales que da como resultado esa disputa. 
            En algunas facultades en particular se vislumbra con mayor nitidez esta expresión. Desde 2002, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA viene siendo gobernada por una alianza de sectores políticos que buscan diferenciarse y oponerse a aquellos que la gobernaron durante los '80 y '90.  Dicha alianza, que se presentó como renovadora y democratizadora desde sus inicios, contiene en sí elementos que la emparientan con la anterior gestión que dice combatir –como la ocupación y acaparamiento de espacios políticos, armado de cátedras con selecciones de docentes a dedo, toma de decisiones trascendentes sin consultar a los distintos actores de la facultad– junto con otros elementos que apuntan hacia algo nuevo. Esa misma contradicción que expresa el gobierno de la facultad no es otra que el que llevan dentro de sí el conjunto de las bases universitarias –estudiantes, docentes, no-docentes–, donde lo nuevo trata de tomar cuerpo en pugna con lo viejo que no termina de morir. 
            De este modo, podemos afirmar que desde 2002 hasta la fecha se vienen dando ciertos procesos de cambio que no podemos soslayar. Uno de los puntos más importantes de este proceso es sin duda la apertura de cátedras paralelas en diferentes carreras. Si bien en un principio esta apertura pudo estar signada por el mero interés particular de un sector de profesores y graduados del gobierno de la facultad de "tomarse revancha" y "minarle el terreno" a aquellos profesores que estuvieron al frente de las anteriores gestiones, lo cierto es que el proceso fue mucho más allá de dicha disputa facciosa, permitiendo desarrollar una incipiente democratización en el armado y funcionamiento de las cátedras. Así, en algunas de ellas se comenzó a poner en cuestión el modelo verticalista de funcionamiento –donde todo pasa por las decisiones del titular– socializando decisiones tales como el asignado y reparto de rentas entre todo el cuerpo de docentes de la cátedra. Luego, este proceso permitió que se lleven adelante materias que desde su armado mismo contienen un carácter colectivo, pensadas y llevadas adelante por docentes y estudiantes. El caso más emblemático es la materia Epistemología de la carrera de Antropología, para cuyo armado se realizó primero un seminario colectivo en el segundo cuatrimestre de 2006 y ahora –luego de una pelea con algunos sectores del actual gobierno que se negaban a aprobarla– será dictada colectivamente en el segundo cuatrimestre del presente año 2008. Otros casos similares son las materias Historia Argentina II e Historia de América III, de la carrera de Historia, que si bien obedecen a procesos políticos particulares que difieren de la mencionada Epistemología, son también expresión de las misma fuerza que quiere transformar la estructura actual de la organización y producción de conocimiento.
            En el mismo sentido, en los últimos años se llevaron adelante procesos de autoorganización y democracia directa que llegaron a poner en cuestión el sistema de gobierno vigente al interior de la UBA –y en la sociedad toda–, basado en democracia indirecta. Ejemplo de ello fue el proceso que se llevó a cabo en la carrera de Historia desde el año 2005, donde a partir de la imposibilidad de imponer un director por parte de las distintas fuerzas en la Junta Departamental se abrió un proceso masivo de discusión entre los tres claustros, en el cual se pensó e intentó establecer una forma de gobierno de la carrera que permitiera el debate y la participación directa en el mismo de los actores que la conforman. El resultado de ello fue –luego de las elecciones de 2006– la propuesta de una "dirección tripartita" –en lugar del clásico director–, con representación de los tres claustros. Dicha forma nueva de gobierno contaba con el visto bueno del Consejo Directivo y el actual decano y no pudo llevarse a cabo por las diferencias políticas irreconciliables el interior de la Junta, específicamente por la negativa del claustro de Profesores –compuesto en su totalidad por el sector que gobernó la facultad en los '80 y '90– a integrar un gobierno de estas características, que de hecho violentaba los estatutos vigentes.
            Estas son para nosotros algunas expresiones de cómo se vive en la Universidad y en nuestra Facultad el cambio en las relaciones de fuerza a nivel social. Hubieran sido impensables estos procesos bajo los gobiernos de las fuerzas de la derecha aliadas al radicalismo en los '90, expresión de otras relaciones de fuerza a nivel social y en la comunidad universitaria.


4- La organización política
Diciembre de 2001, además de expresar el rechazo de amplios sectores de la sociedad al modelo económico que reinó en los '90, creó otro estado de ánimo en diferentes capas de la sociedad. Las capas medias se corrieron de su alineamiento con los sectores financieros que conducían el país al ver confiscado su "pequeño capital" por esos mismos sectores, y miraron con buenos ojos las luchas piqueteras que protagonizaban las capas de la clase trabajadora desocupadas y excluidas. Estas capas medias, que son las que ocupan mayoritariamente las aulas de las universidades, desarrollaron un rico proceso de autoorganización a través de las asambleas barriales, que tuvo su techo al no poder formular una alternativa de poder. Se trató y se trata –según nuestro entender– de un límite objetivo de clase. Una alternativa real de poder sólo puede formularse desde una clase obrera organizada que plantee una organización diferente de la producción y, a partir de allí, de toda la estructura de la sociedad. Sin embargo, el estado de ánimo de la sociedad en su conjunto se modificó a partir de 2001, la sensación de que se pueden organizar los distintos aspectos de la vida de una manera distinta a la existente. Los movimientos en la universidad que describimos brevemente son parte de este proceso general. Los límites de gobiernos como el de la Facultad de Filosofía y Letras son los límites de las bases del movimiento universitario, que no formula por ahora políticas nítidamente superadoras del orden actual. En última instancia, es el movimiento obrero el que por el momento no se plantea una interpelación a este sector de la sociedad, como sí lo hizo en otros momentos de nuestra historia.
El 2001 puso de manifiesto la crisis del modelo de dominación política que los sectores de la burguesía más concentrada llevaron adelante durante años. Las instituciones políticas eran repudiadas por amplios sectores de la sociedad, quienes las identificaban como el instrumento de confiscación y caída en los niveles de vida de la población. De ahí la búsqueda de alternativas a dicho modo de organización político-institucional. Los límites, ya mencionados, de dicho proceso están trazados por los límites que el movimiento encontró en su desarrollo organizativo. En última instancia, son los límites que los distintos sectores de la clase trabajadora encuentran a la hora de entender y actuar ante los diferentes problemas. El núcleo central donde se hallan estos límites continúa siendo la primacía de los intereses corporativos sectoriales por sobre los intereses de los trabajadores en general, la primacía de la lucha por mejoras económicas del sector particular por sobre la lucha política por un nuevo modo de organizar la producción, la educación, la salud, la cultura y demás órdenes de la vida.
A pesar de estos límites, el pueblo argentino vive un creciente proceso de organización desde las bases, que permiten pensar un incipiente despertar luego de años de vivir el peso de la derrota profunda propiciada por la oligarquía financiera, representante de los intereses del imperialismo en Argentina. Un reciente relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social señalaba que sólo en la Provincia de Buenos Aires hay actualmente 40.000 organizaciones sociales, que llevan adelante diferentes proyectos culturales, educativos, productivos, etc. Asimismo, en las bases de diversos gremios comienza a entrar en crisis el modelo gremial corporativo tradicional que expresan hoy las conducciones de la CGT y la CTA. Se vislumbra en las llamadas "segundas líneas" un esfuerzo por la búsqueda de un nuevo sindicalismo, que no tenga como único eje la pelea salarial –esto es, la afirmación del trabajador como mero asalariado– sino que discuta e intente dar respuestas al conjunto de los problemas que atañen a los trabajadores y al pueblo en general. Esta crisis y los incipientes intentos de superación los observamos, por ejemplo, en sindicatos como metalúrgicos, gráficos, canillitas, estatales, curtidores, docentes. Pero creemos que se trata de un proceso generalizado, que irá madurando y tendrá sus diferentes modos de expresión en cada sector y territorio.
En nuestra universidad, este proceso tiene su expresión en la búsqueda de muchas agrupaciones estudiantiles por vincularse con otros actores, sean organizaciones sociales o sectores del movimiento obrero organizado, ocupados y desocupados. En cuanto a la organización gremial en sí, podemos destacar el esfuerzo de agrupaciones como Plan B, Colectivo de Izquierda y La Náusea por realizar, luego de mucho tiempo, un planteo distinto a la hora de organizar las secretarías en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. La propuesta de armar la secretaría de Producción-Socialización del Conocimiento y la de Arte y Política constituye un inicio de quiebre de las políticas corporativas que los centros de estudiantes llevaron adelante durante largos años, conducido por derechas y por izquierdas.
El actual gobierno del Estado argentino expresa –como dijimos arriba– una alianza conformada por los sectores del empresariado industrial más concentrado –quienes la conducen– más gran parte del movimiento obrero organizado y el pueblo en general. Para superar dicha subordinación y construir una fuerza social con impronta propia, el movimiento obrero deberá abandonar su estrategia corporativa de defensa de los intereses como asalariados. En este sentido, las conducciones gremiales de izquierda no han sido menos economicistas y corporativas que los peores burócratas de turno. Nos hallamos desde hace tiempo librando una disputa al interior del movimiento obrero, intentando construir unidad y autonomía de clase, la formulación de un programa y un proyecto propio de país que logre articular los intereses de la sociedad toda a partir de los intereses de la clase obrera en su conjunto. Sin embargo, pensamos que no se puede construir poder popular sin partir de la propia experiencia que el pueblo ha realizado en su lucha por la liberación social y nacional, es decir, de la lucha y las alianzas que ha forjado en ese proceso en el marco del estado nación, del país, del país dependiente que es la Argentina. El denominado "problema nacional" no ha sido resuelto y el enfrentamiento contra el imperialismo en la Argentina implica ubicar e identificar quién ha jugado y juega como representación del mismo aquí.
En el enfrentamiento entre la alianza expresada por el gobierno y la alianza conducida por oligarquía terrateniente de la SRA y el ejército mediático acuartelado en el diario La Nación, no tenemos dudas acerca de qué lado nos toca estar. Pues se trata de identificar al enemigo principal, a quien hay que propiciarle una profunda derrota si queremos continuar construyendo procesos de autoorganización desde las bases del pueblo.

Abril de 2008

Claudio Adrianzén Bei, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Diego Tavormina, Inés Van Peteghem, Alejandro Viegas, Martín Yuchak.















Convocamos a un plenario de discusión
el sábado 24 de mayo a las 13 hs.
en el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA (Puán 480)


















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