[R-P] [H. Menéndez] La cuestión de los "tratados bilaterales…

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Author: Néstor Gorojovsky
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To: Lucha de masas para recuperar la Argentina
CC: Lucha de masas para recuperar la Argentina
Subject: [R-P] [H. Menéndez] La cuestión de los "tratados bilaterales de inversión"
LA CUESTION DE LOS "TRATADOS BILATERALES DE INVERSION"

COMENTARIO INICIAL DEL AMIGO H. MENENDEZ, DESDE CÓRDOBA:

El Dr. Eduardo Barcesat (un constitucionalista liberal burgués con
raíces en el viejo Partido Comunista, N. de Néstor G.) nos dijo aquí
en Córdoba que declararían inconstitucionales los TBI para anular la
clausula de ultraactividad. Si el país denuncia los TBI estos
mantienen su vigencia por diez años. Declarándolos inconstitucionales
se anulan en el acto. Así hicieron con la ley de amnistía y obediencia
debida. Ahora este artículo de Sebastián Premici cuenta que el
gobierno dejaría vigentes los 56 TBI firmados por el gobierno
Menem/Cavallo y proyecta avanzar con modificaciones aplicables a
contratos futuros, por lo que las prórrogas de jurisdicción producto
de los Tratados Bilaterales de Inversión continuarían vigentes bajo
los cuales hay en el CIADI más de 50 demandas, incluida la de Repsol
por YPF. Barcesat militaba la anulación de los PBI y la modificación
del capítulo arbitraje del proyecto de código civil y comercial de
Lorenzetti aprobado por el ejecutivo, cuando la bicameral recorría el
país con audiencias públicas “promoviendo” la discusión, que
finalmente quedó encerrada en el ámbito parlamentario. Era evidente
que había una lucha entre sectores conciliadores con el imperialismo y
los más radicales como Barcesat. Esta “solución intermedia” respecto
de los TBI, considerados como fundamentales por los inversores
extranjeros, mide el equilibrio inestable de la política del gobierno
frente a la inversión externa.

Por un lado el gobierno necesita frenar la extranjerización de la
economía, las fábricas “armadoras”, deficitarias en el comercio
exterior, como las automotrices, las electrónicas ó las de productos
medicinales que contribuyen decisivamente a crear la grave restricción
externa. Necesita además cortar la fuga de capitales, la evasión y la
elusión fiscal, la economía en negro, de donde salen los dólares que
alimentan el mercado paralelo de cambios. Los dólares de la
exportación en negro del 20 % de la soja se realizan en el mercado del
dólar blue. Necesita dólares y el sector del gobierno que Clarín llama
“ala pro-mercado”, porque articuló el acuerdo con las empresas
acreedoras de sentencias del CIADI, busca los dólares conciliando con
el capital externo. Por el otro lado, los sectores que quieren anular
los TBI para poder financiar la continuidad del crecimiento de la
economía necesitarían profundizar el proyecto regional, reformular el
comercio internacional como bloque y viabilizar el banco del sur
repatriando las reservas de todos los países y no tienen la fuerza, la
capacidad ó la decisión política para imponer una solución
alternativa. El imperialismo le quiere dar al gobierno argentino el
abrazo del oso. Hasta los buitres quieren negociar un arreglo.

This is the question.         HM




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EL FRENTE PARA LA VICTORIA AVANZA CON EL DICTAMEN DEL NUEVO CODIGO
CIVIL Y COMERCIAL

Un nuevo código con límites al Ciadi

En el capítulo dedicado a los contratos de arbitrajes se regulará para
limitar la prórroga de jurisdicción, es decir que el Estado argentino
podría hacer valer su legislación ante el conflicto con empresas
privadas.

http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif

Por Sebastián Premici

El nuevo Código Civil y Comercial entró en etapa de definiciones. El
Frente para la Victoria (FpV) está terminando su propio dictamen, al
igual que el radicalismo y otras fuerzas de la oposición. Desde el
oficialismo no descartan la posibilidad de abrir una instancia de
negociación para consensuar el dictamen definitivo, que esperan tratar
antes del final de las sesiones ordinarias. Durante el trabajo
parlamentario surgieron varios cambios al proyecto enviado por el
Ejecutivo, que en una primera instancia fue redactado por una comisión
integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída
Kemelmajer de Carlucci. En el capítulo dedicado a los contratos de
arbitrajes se regulará para limitar la prórroga de jurisdicción, es
decir que el Estado argentino podría hacer valer su legislación ante
el conflicto con empresas privadas. De esta manera se recortaría el
accionar del Ciadi y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) para
casos futuros.
El capítulo sobre contratos de arbitraje define que “hay contrato
cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros
todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir
entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual”. Para varios juristas, como Aristides Corti o
Eduardo Barcesat, ésta era la oportunidad para dejar expresado
taxativamente que el Estado nacional tiene la potestad de ejercer su
jurisdicción ante el conflicto con una empresa privada. Así lo
manifestaron en las audiencias públicas realizadas en el Congreso.
En este sentido, el cambio sugerido y analizado puertas adentro del
FpV es dejar expresado que “los estados nacional, provinciales y
municipales no pueden ser sujetos de arbitraje”. Este cambio iría de
la mano con otra modificación, en el capítulo “Disposiciones de
derecho privado”. En este caso, se especificaría que “el lugar donde
se ejecuta el contrato es el que fija la jurisdicción aplicable”.
Estas disposiciones serían de orden público, es decir que “no podría
haber contrataciones en contrario”.
“En materia económica, la última palabra la debería tener la Corte y
no un tribunal arbitral puesto por una empresa multinacional. En 1984,
cuando la Argentina ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, quedó
claro que los temas económicos que atañen al Estado no pueden estar
sujetos a una jurisdicción extranjera”, explicó Corti (Página/12, 31
de agosto de 2012).
Si bien todavía el dictamen del FpV no está cerrado, los cambios
sugeridos en el capítulo de arbitraje encontraron consenso dentro del
oficialismo. De avanzar con estas modificaciones, sería aplicable a
contratos futuros, por lo que las prórrogas de jurisdicción producto
de los Tratados Bilaterales de Inversión continuarían vigentes.
Barcesat presentó un proyecto –que no fue analizado aún– para anular
las cláusulas de los TBI, con la posibilidad de abrir procesos
judiciales en la Argentina como derivación de la caducidad de esos
mismos tratados.
La Argentina suscribió 56 TBI entre 1990 y 2002. A fines de 2008, la
cantidad de tratados ratificados por países latinoamericanos ascendía
a 483, el 18 por ciento del total de tratados vigentes en el mundo.
Los países de la región recibieron el 35 por ciento de un total de 318
reclamos arbitrales registrados a esa fecha.
Además de la unificación de los códigos Civil y Comercial, el
Ejecutivo enviaría dos proyectos más, con el objetivo de otorgarles
mayor especificidad a cuestiones incluidas en el anteproyecto del
Código Civil: uno vinculado al Código Contencioso Administrativo para
regular la responsabilidad del Estado por actividad lícita. De esta
manera, se modificaría la propuesta elaborada por la Comisión de
Juristas encabezada por Lorenzetti y se retomaría la redacción
original pero incluida en otro código. Y el segundo proyecto de ley es
el que modificará la regulación sobre la propiedad comunitaria
indígena (ver aparte). Por otro lado, quedaría afuera del Código Civil
y Comercial el alquiler de vientres.

spremici@???

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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría